El debate sobre la reducción de la jornada laboral ha recobrado actualidad en el contexto europeo como instrumento de bienestar, sostenibilidad y equilibrio entre la vida personal y profesional. Este trabajo examina, desde una perspectiva comparada, la evolución del límite legal del tiempo de trabajo y su reformulación en el marco de la agenda social europea. En primer lugar, se analiza el fallido intento de reducción de la jornada en España a través del Proyecto de Ley de 2025, situándolo frente a la trayectoria histórica e internacional de la limitación de la jornada. A continuación, se estudian las principales orientaciones emanadas de las instituciones europeas -el Pilar Europeo de Derechos Sociales, el Parlamento Europeo y el Comité Económico y Social Europeo (CESE)–, que promueven una concepción renovada del tiempo de trabajo vinculada al bienestar y a la transición digital y ecológica, al tiempo que se presentan algunas experiencias nacionales recientes de reducción de jornada en distintos Estados miembros, recogidas por el CESE, como expresión de la diversidad de modelos y estrategias en el marco común europeo. Para terminar, se ofrecen algunas reflexiones sobre los desafíos normativos y políticos que plantea la materialización de esta orientación en el contexto español.
Este trabajo aborda el estudio de algunos de los documentos más emblemáticos y recientes para el desarrollo de la política de gestión de flujos migratorios de la UE desde una perspectiva “socio-humanitaria”, atendiendo, especialmente, a las medidas implementadas para lograr la igualdad de oportunidades y la inclusión e integración de las personas migrantes en los mercados de trabajo y en la sociedad mediante su participación activa, en línea con el pilar europeo de derechos sociales. Para la selección de los textos objeto de estudio, se ha partido de la base de que hay que diferenciar entre, por un lado, la política enfocada a la inmigración irregular y, dentro de la misma, a la parte de esta que solicita asilo; por otro lado, las medidas integradoras o inclusivas, diseñadas para promover la cohesión social, dirigidas, únicamente, a los migrantes residentes y a los ciudadanos de la Unión Europea de origen migrante. En segundo lugar, y teniendo en cuenta que las estrategias migratorias siguen siendo básicamente competencia de los Estados, se analizan algunas cuestiones de nuestra política interna a raíz de la entrada en vigor del RD 1155/2024, de 19 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (RLOEX).
A partir del enfoque del Neo institucionalismo y de la teoría de los orígenes legales, se realizó un estudio cualitativo comparado de tres países: Brasil, Chile y México. El análisis sostiene que las dinámicas laborales responden a un proceso de doble vía; por un lado, están influenciadas de manera exógena por un marco institucional y político más amplio. Por otro lado, se ven endogeneizadas y moldeadas por las estructuras internas de cada país, lo que puede traducirse en el fortalecimiento o debilitamiento de derechos y garantías laborales. Los resultados dan cuenta que las instituciones pueden configurarse mediante una amplia variedad de combinaciones de reglas formales y normas intersubjetivas, son producto de acuerdos socioeconómicos y políticos complejos, que operan en distintos regímenes institucionales y tienen consecuencias directas sobre el empleo.
La implantación de sistemas de inteligencia artificial por parte de los servicios de intermediación en el ámbito del empleo, en los distintos países miembros de la Unión Europea, está suponiendo una profunda transformación en la prestación de estos servicios que recibe la ciudadanía. Así, el recurso a estos sistemas puede suponer una pieza esencial para la modernización de estos servicios, mejorando la empleabilidad de las personas usuarias y contribuyendo a la conformación de un mercado de trabajo y, por ende, de una sociedad más justa e inclusiva. Para ello, resultará necesario la decisión consciente y responsable de que esta profunda transformación se oriente a prestar el mejor servicio público que resulte posible y, por tanto, centrado en las personas. Por el contrario, si se pierde de vista esta orientación básica, la implementación de estos sistemas en el ámbito de los servicios de intermediación sólo conseguirá incrementar las desigualdades sociales y el riesgo de vulneración de derechos fundamentales. A lo largo de este estudio trataremos de exponer los principales desafíos y fortalezas que, a día de hoy, presenta la adopción de sistemas de inteligencia artificial por parte de los servicios de intermediación, centrándonos en aquellos que, en el ámbito de la Unión Europea, cuentan con más experiencia en su adopción e implementación, con el fin de extraer los valiosos aprendizajes que permite esta visión comparada del estado de la cuestión.
El cambio climático opera ya como un riesgo laboral estructural que expande el perímetro de la prevención más allá de los factores tradicionales, con impactos físicos (estrés térmico, radiación UV, contaminación) y psicosociales, y con incidencia desigual según sectores y colectivos expuestos. Este trabajo analiza, desde la evidencia científica y la normativa más reciente, cómo el cambio climático transforma las obligaciones empresariales de prevención, refuerza la necesidad de integrar la diligencia debida climática en la gobernanza corporativa y exige una acción sindical renovada, basada en la transición justa y en la negociación colectiva como instrumentos de adaptación. Se examinan asimismo las propuestas normativas emergentes en el plano internacional, europeo y español. El estudio resalta el tiempo de trabajo como herramienta preventiva clave (pausas, turnos, prohibiciones temporales) y el papel de la negociación colectiva en protocolos frente a olas de calor y emergencias, junto con la necesidad de políticas públicas que superen el soft law (alertas, coordinación intersectorial). Se concluye con una hoja de ruta: pasar de declaraciones programáticas a obligaciones operativas, medibles y exigibles, fijar umbrales técnicos y articular una gobernanza multinivel que clarifique los deberes estatales y empresariales para garantizar el derecho a un trabajo seguro y saludable en el siglo XXI.
