Introducción: El tabaco sigue siendo una amenaza a la salud pública. Si bien en los adultos ha habido una disminución en el consumo de tabaco, el consumo entre los jóvenes se ha mantenido e incluso ha aumentado en algunos países. Este estudio analizó la prevalencia de consumo de tabaco en estudiantes universitarios de una institución privada en Chile en 2023. Materiales y Métodos: estudio de diseño transversal, con una muestra de 1.448 estudiantes de entre 18 y 46 años de edad. Se utilizó la Encuesta mundial de tabaquismo en jóvenes de OMS, adaptado con preguntas adicionales sobre el uso de cigarrillos electrónicos y la exposición al humo de tabaco en el campus. Resultados: La prevalencia de consumo de cigarrillos en el último mes fue 39%, con mayor incidencia en hombres y en el grupo de edad de 21 a 30 años. Además, el uso de cigarrillos electrónicos es significativamente alto en esta población, casi diez veces más que el promedio nacional en jóvenes. El análisis multivariado indicó que el uso de otros productos de tabaco, el sexo masculino y la exposición al humo en espacios cerrados están asociados con una mayor probabilidad de consumo de tabaco. Más del 90% de los estudiantes reportó exposición al humo de tabaco en la universidad, lo que refleja un incumplimiento de la Ley de Control de Tabaco en los campus. Discusión: Se resalta la necesidad urgente de desarrollar políticas efectivas de prevención y programas de cesación del consumo de tabaco dirigidos a los estudiantes universitarios en Chile
Introducción: las listas de espera quirúrgicas (LEQ) reflejan el desbalance entre oferta y demanda de servicios sanitarios. Diversas estrategias han intentado abordar esta situación. En Chile, la ley de Garantías Explicitas en Salud (GES) prioriza acceso y oportunidad de tratamiento a enfermedades específicas; sin embargo, genera inequidad hacia aquellos pacientes no incluidos. Los programas de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) pueden ser una alternativa para la reducción de las LEQ no GES. Objetivos: evaluar el programa de CMA implementado en el Hospital del Salvador (HDS), aplicable a patologías quirúrgicas no GES, y generar recomendaciones de mejora aplicables a otros centros hospitalarios. Metodología: estudio de caso del HDS con abordaje mixto. Recolección de datos mediante observación directa y entrevistas semiestructuradas a actores relevantes. Análisis operacional del flujo clínico y análisis cuantitativo de producción quirúrgica entre 2020 y 2023. Resultados: El programa de CMA del HDS redujo casi un 50% la LEQ no GES de CMA durante 2021; sin embargo, muestra actualmente bajo impacto. La principal barrera identificada fue la disponibilidad de quirófanos. Existen espacios de mejora para el programa dentro del HDS, especialmente respecto al recambio de pacientes y tiempo pre-anestésico, replicables en otros centros hospitalarios. Discusión: Las estrategias para reducir las LEQ aún no permiten enfrentar adecuadamente este problema, y tienen baja calidad de la evidencia de respaldo. El presente estudio sienta las bases para otros estudios que propongan un modelo de atención basado en la CMA replicable en la red pública de salud chilena para disminuir las LEQ No GES
Introducción: El objetivo fue describir la geografía del suicidio y su asociación con los niveles socioeconómico y de fragmentación social en la ciudad de Montevideo, Uruguay. Materiales y Métodos: Se utilizó un diseño de estudio ecológico retrospectivo considerando la población de 10 o más años de edad residente en Montevideo durante 2013-2017. Se estimaron modelos jerárquicos bayesianos multivariados para analizar la asociación entre el riesgo de suicidio y dos factores a nivel de segmento censal: porcentaje de población adulta con nivel terciario-universitario completo, como indicador del nivel socioeconómico de área, y un índice de fragmentación social. Resultados: Las periferias norte y oeste y el área central de Montevideo fueron las zonas de mayor riesgo de suicidio. El nivel socioeconómico de área estuvo asociado al riesgo de suicidio, con las áreas de mejor posición socioeconómica tendientes a una menor frecuencia de suicidios. Dos variables utilizadas para la construcción del índice de fragmentación social mostraron asociación positiva con el riesgo de suicidio: el porcentaje de hogares unipersonales y el porcentaje de población migrante. Discusión: Estos hallazgos estarían reflejando la asociación entre lazos sociales débiles y riesgo de suicidio a nivel intra-urbano, como también la necesidad de focalización de políticas de prevención en la periferia de Montevideo.
La Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile ha sido, históricamente, un actor central en el pensamiento y la acción que han forjado el desarrollo sanitario de nuestro país. Hoy, frente a un escenario global complejo —tensionado por las secuelas de la pandemia y los desafíos que enfrentan nuestras democracias— resulta ineludible reafirmar nuestra vocación pública y compromiso social. A nivel nacional, la evidencia sociológica es reveladora: estudios recientes como Tenemos que hablar de Chile constatan un clima ciudadano de incertidumbre, desesperanza y “orfandad institucional”, donde la salud se erige como una preocupación central. Las personas perciben un sistema marcado por desigualdades persistentes en el acceso, el trato y la calidad de la atención, vinculando directamente la mejora integral de la salud —incluida la salud mental— con el desarrollo del país. Ante esto, resulta urgente ampliar la cobertura, reducir los tiempos de espera, adaptar los servicios a las necesidades de la población y abordar determinantes sociales críticos como la seguridad, los ingresos y el empleo. Sin embargo, aunque la ciudadanía identifica estos problemas con claridad, la carencia de propuestas concretas refleja una sensación de estancamiento y una evidente falta de dirección hacia soluciones estructurales. En este contexto, y ante el inicio de un nuevo ciclo de definiciones políticas impulsado por las elecciones de 2025, sentimos el deber académico y ético de analizar críticamente el futuro de las políticas públicas de nuestro país. Entendemos la salud pública como un bien común y una práctica profundamente política, social y cultural. Por ello, este editorial tiene como propósito compartir con la comunidad investigadora y los tomadores de decisiones los principios, enfoques y desafíos que, desde nuestra institución, consideramos insoslayables para avanzar hacia un sistema sanitario más justo, democrático y centrado en el bienestar colectivo.
La salud reproductiva en general, y el aborto en particular, son temas complejos y extremada mente sensibles en la sociedad chilena. El aborto terapéutico estuvo permitido en Chile durante el siglo XX, hasta que en 1989 fue prohibido y penalizado de forma absoluta. Entre 1989 y 2017, cuando se promulgó la ley que repuso el derecho a interrumpir el embarazo en tres causales específicas, permaneció así: en clandestinidad, silenciado y penalizado. No obstante, las mujeres seguían interrumpiendo sus embarazos por diversos motivos. Durante este período, la antropóloga médica Mónica Weisner Horowitz realizó sistemáticas investigaciones sobre el aborto inducido entre mujeres de bajo nivel socioeconómico, generando matrices de análisis sociocultural sobre el fenómeno, y difundiendo sus resultados en espacios de análisis, discusión y toma de decisiones. Con ello aportó a la comprensión de la complejidad multifactorial y multdimensional del aborto inducido, desde una mirada transdisciplinaria en salud pública. Los resultados cuantitativos y cualitativos de sus investigaciones constituyeron por décadas uno de los pocos datos disponibles sobre este fenómeno, ya que no se contaba con estadísticas oficiales ni espacios abiertos de visibilización. Desde su experiencia aportó, también, a la formación de una generación de antropólogas médicas, que hoy contribuyen desde diversos espacios a un enfoque sociocultural de la salud pública.
El siguiente artículo busca destacar la obra de María Angélica Illanes como una referente funda mental de la historiografía chilena, destacando sus contribuciones en el pensamiento y en el conocimiento histórico sobre la salud pública en Chile. Su trayectoria de investigación da cuenta del abordaje de la historia de la salud pública, como la búsqueda de la construcción del cuerpo social del país. Nos interesa destacar en este trabajo en primer lugar, las características de su narración histórica y la relevancia que tiene en sus obras la perspectiva de los derechos sociales. Junto con ello, abordamos las principales claves de análisis que permiten ubicar a su libro “En el Nombre del Pueblo, del Estado y de la Ciencia. Historia social de la salud pública. Chile, 1880-1973”, como un texto que restituye el problema de la salud pública como un campo privilegiado para compren der la construcción de la modernidad, del estado y del orden social.
Tegualda Monreal Porcile (1917-2012) fue una epidemióloga con excepcional dedicación a la salud pública y los derechos reproductivos de las mujeres. Dejó un legado que informó las políticas de salud en Chile incluso hasta el siglo XXI, evidente en la ley de aborto en tres causales aprobada en 2018. Completó sus estudios para obtener el título de cirujano en 1944 y se retiró de su último trabajo como epidemióloga en el Servicio de Salud Metropolitano Occidente en 2006. Su compromiso profesional en Chile se vio interrumpido por el golpe militar de 1973; por tanto, se trasladó desde Chile primero a los Estados Unidos y luego a Mozambique - y de vuelta a Chile a fines del año 1990. A medida que seguimos la trayectoria profesional de Tegualda Monreal, podemos documentar las importantes contribuciones que hizo en los campos de la epidemiología crítica, en el tratamiento de problemas de salud específicos como el aborto, y en la vida de pacientes que buscaban tomar decisiones importantes sobre el tamaño de la familia y maternidad voluntaria. Además, su vida sirve como recordatorio de los cambios dramáticos que afectaron a los médicos bajo la dictadura militar. Los mismos profesionales de la salud pública que trabajaron para mejorar la salud pública y el entorno social de sus pacientes en Chile fueron perseguidos después del golpe militar. Muchos, como Monreal, tuvieron que abandonar sus hogares para exiliarse en el extranjero. Buscamos enfatizar los aportes específicos de Tegualda Monreal a la epidemiología del aborto. Sus estudios sobre el aborto inducido demuestran, primero, que el campo de la epidemiología crítica o social fue moldeado significativamente por epidemiólogos latinoamericanos, y específicamente chilenos. En segundo lugar, al referirse a la “epidemia del aborto” iniciaron un nuevo enfoque del problema. El tratamiento del aborto como una epidemia lo convirtió en una enfermedad social, basado en el entendimiento de que las soluciones médicas a las crisis de salud debían ir acompañadas de medidas que abordaran los contextos sociales y económicos de la enfermedad.
Introducción: En el año 2017 es promulgada en Chile la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales, teniendo como eje central la decisión de la mujer. A más de 5 años de su implementación es necesario visibilizar las características de los casos acogidos a esta ley. Materiales y Métodos: Estudio descriptivo, transversal con datos de los casos acogidos a la ley provenientes del Departamento de Estadística e Información de Salud. Resultados: Se constituyeron 4.848 casos en Chile. La mayor frecuencia se dio en la causal 2, seguida de la causal 1 y finalmente causal 3. El mayor porcentaje de los casos fueron atendidos en el sistema público y pertenecientes a FONASA. La Causal 3 es la que tiene mayor porcentaje de decisión de interrupción. La edad promedio para la causal 3 es la más baja. Discusión: Chile ha avanzado en políticas públicas en el ámbito de la salud sexual y reproductiva. Sin embargo, para asegurar este derecho inherente de las personas, es necesario avanzar en temas como la ley de aborto libre, asegurar tratamiento para parejas infértiles, adecuación del sistema para las diversidades sexuales y acceso al sistema de salud.
Introducción: La mejora de la prestación de servicios sanitarios sigue siendo un desafío en América Latina. En Chile, se espera que la red de servicios integrados sea fortalecida y que cada Servicio de Salud desarrolle estrategias de mejora basadas en las necesidades de las personas y articulación de la red. Dada la complejidad del trabajo integrado en red, este estudio explora la capacidad para gestio-nar cambio organizacional de la red de salud pública chilena en torno a la necesidad de fortalecer la prestación de servicios. Materiales y Métodos: Se adoptó una estrategia cualitativa basada en entrevistas individuales semies-tructuradas. El muestreo es intencional-heterogéneo, integrando a 28 funcionarios que se desempeñan en la red pública sanitaria, incluyendo distintos niveles de especialidad de atención. El análisis de datos empleó la técnica de análisis temático, lo que permitió desarrollar un marco de tres temas principales. Resultados: La gestión del cambio resulta relevante y necesaria. Si bien presenta obstáculos en su aplicación, es posible distinguir elementos que la potencian. Para propiciar la integración de servicios, se debe garantizar continuidad de iniciativas y que los niveles de especialidad trabajen utilizando un lenguaje común. Además, es necesario desarrollar y coordinar nuevas estrategias que involucren a los tres niveles de atención. Discusión: Para trabajar de manera integrada es necesario contar con una capacidad de gestionar cambios que aborde de manera estratégica los obstáculos existentes, fomente una cultura de partici-pación y colaboración, y asegure que las metodologías y estrategias implementadas sean coherentes, sistemáticas y sostenibles en el tiempo.
Desde la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1998, que llamó a abordar el tema del consumo de drogas y promovía un mundo “libre de drogas”, se puede apreciar un cambio progresivo en los organismos internacionales sobre el consumo de sustancias psicoactivas. Este cambio ha ido desde las posturas prohibicionistas y punitivas, generalizadas durante el siglo XX, hasta una postura centrada en la salud pública y los derechos humanos. La posición prohibicionista y punitiva tuvo sus orígenes en fenómenos históricos ocurridos en Estados Unidos a mediados y fines del siglo XIX, y ha sido la influencia de este país, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, que llevó a prácticamente todos los países a prohibir de alguna u otra manera el consumo, producción y comercio de sustancias psicoactivas. El cambio en esta postura se evidencia desde la década de 2010, y se debe fundamentalmente a que la prohibición nunca logró disminuir el consumo y solo generó un aumento superlativo del crimen organizado y las muertes asociadas a este. Los organismos internacionales han adoptado paulatinamente una postura de salud pública y de derechos humanos para abordar el consumo, junto a considerar la despenalización, la legalización y regulación de la producción y el consumo. Es posible que un diálogo des-prejuiciado entre todos los interesados pueda ser una respuesta al problema.
Introducción: La atrofia muscular espinal es una enfermedad neurodegenerativa que afecta las neuronas motoras del asta anterior de la médula espinal. En 2016 se aprueba en EE. UU. la primera droga modificadora de la enfermedad denominada Nusinersen, expendida bajo el nombre de Spinraza. El acceso a este medicamento no se encuentra dentro de las prestaciones otorgadas por los sistemas público ni privado de salud de Chile y su elevado costo hace imposible su adquisición por parte de las familias de quienes padecen esta enfermedad por lo que se interponen acciones de protección ante las Cortes para lograr su obtención. Este artículo pretende determinar si la judicialización como medio para la obtención del fármaco Spinraza ha sido eficiente para dicho fin. Materiales y Métodos: Se realizó una búsqueda online de los términos Spinraza y Nusinersen dentro de la base de datos vLex y también en el compendio de salud de las Cortes de Apelaciones y Suprema alojados en la Base De Datos Jurisprudencial del Poder Judicial. Resultados: Se analizan 41 causas correspondientes a 44 pacientes. El tiempo transcurrido entre la fecha de indicación del fármaco y la fecha de fallo definitivo de la Corte fue en promedio de 313 días, siendo además administrado con frecuencia en estadios clínicos en que no existe un beneficio demostrado. Discusión: A pesar de que la mayoría de las acciones de protección terminan siendo acogidas, el proceso de judicializar el acceso a este fármaco es poco eficiente
