El artículo que se expone a continuación aborda el estado de las niñas y niños que conviven con sus madres encarceladas en Colombia desde un punto de vista penal, constitucional y de derechos humanos. Así, propone mediante una perspectiva interdisciplinaria y garantista, que la resocialización de la mujer sentenciada debe ser considerada como un deber fortalecido del Estado, fusionando el Derecho Penal con el sistema integral de protección a la infancia. Para alcanzar este objetivo, se examinará el contexto legal nacional e internacional —que incluye, entre otros, la Convención sobre los Derechos del Niño y la CEDAW[1]— además de la jurisprudencia constitucional de Colombia que ha establecido el interés superior del menor como norma principal en entornos penitenciarios. Asimismo, destaca cómo las condiciones estructurales del sistema penitenciario reproducen desigualdades de género y vulneran derechos fundamentales, afectando la salud, educación y bienestar emocional de las niñas y niños en contexto de reclusión. Por último, se proponen opciones legales y de políticas públicas centradas en el género y la infancia, incluyendo modelos comparativos de naciones como España, Argentina y Uruguay. Esta investigación tiene como fin único colaborar en la creación de una política criminal más humana y comprometida con la dignidad humana, especialmente de las madres en prisión y sus hijos.
El texto analiza las ambigüedades de la presencia del Estado en el contexto del post-acuerdo, en un territorio históricamente afectado por el conflicto armado colombiano. Basado en un trabajo de campo multisituado en diferentes lugares del departamento del Cauca (sur de Colombia), el artículo muestra que las denominadas zonas marginales del país, donde la gobernanza tiene lugar a partir de un palimpsesto de ejercicios violentos y no violentos de control territorial, la violencia alimenta una situación de desorden que le resulta provechosa a todos los actores (incluido el Estado) en sus esfuerzos por construir legitimidad social. El estudio realizado permite concluir que en espacios como el Cauca no existe una distinción clara entre la legitimidad de prácticas legales e ilegales de soberanía; también, que en lugar de una ausencia estatal, lo que existe allí es una lógica de relacionamiento situado donde se mezclan y se confunden tanto las formas de presencia del Estado en el territorio y las prácticas de proto-estatalidad que ejecutan grupos armados ilegales, como las violencias ejercidas por todos ellos.
Se presentan los resultados de un estudio que tuvo como objetivo analizar los fundamentos jurídicos y éticos que prohíben la patentabilidad de seres vivos, contrastando el derecho internacional (OMPI, ADPIC) con las normativas de la Comunidad Andina, Estados Unidos y la Unión Europea. Mediante una metodología de análisis documental, se revisaron legislaciones, jurisprudencia y doctrina para examinar los distintos modelos regulatorios. Los resultados revelan una divergencia significativa entre jurisdicciones. Mientras que algunos modelos, como el estadounidense, son más permisivos, la Comunidad Andina, a través de la Decisión 486, adopta una postura de cautela que establece exclusiones rigurosas para proteger la biodiversidad y priorizar principios bioéticos. La principal conclusión es que la regulación sobre la materia no es uniforme, lo que refleja una tensión entre incentivos económicos y valores éticos. El modelo andino destaca por su enfoque proteccionista, lo que lo convierte en un referente para la defensa del patrimonio biológico y contrasta con otros marcos jurídicos que fomentan una mayor apropiación privada de la vida.
El artículo aborda el problema de la inclusión en los debates actuales de la teoría y la filosofía política. La pregunta central es si el reconocimiento jurídico e institucional de las identidades grupales y culturales es suficiente en los contextos del neoliberalismo autoritario contemporáneo. Para dar respuesta, se recurre a la metodología crítico-hermenéutica, abordando marcos teóricos y conceptuales mediante la interpretación crítica de las condiciones de posibilidad y los límites de la inclusión en clave identitaria en los contextos contemporáneos. El artículo, en un primer apartado, plantea el debate en respecto de la cultura, particularmente en torno a los identitarismos culturares y su análisis crítico; continúa, en el segundo, señalando la importancia de las luchas políticas y las formas de resistencia para la defensa de los principios propios de la democracia. En tercer lugar, sostiene que los movimientos sociales no pueden reducirse a formas de reafirmación identitarias, sino que deben concebirse como formas de constitución de subjetividades políticas. Finalmente, se concluye que, en el marco del neoliberalismo contemporáneo, las luchas políticas deben analizarse a través de las dinámicas históricas de poder, es decir, es necesario repolitizar las luchas por la inclusión, pues de otra forma podrían quedar supeditadas a políticas vacías que no ponen en cuestión las jerarquías existentes.
El presente artículo corresponde a los resultados de una revisión documental que se llevó a cabo desde un enfoque metodológico de carácter cualitativo. En el estudio se hizo un análisis de las dimensiones sociojurídicas en el acceso al mérito público de etnoeducadores y las tensiones constitucionales que se han generado en torno a la comprensión de identidad, autorreconocimiento y tradición cultural. La selección y el estudio de las sentencias que constituyeron el corpus pone en evidencia la necesidad de comprender la interacción derecho-sociedad a través de máximas jurisprudenciales en las que se define y complementa, por medio del desarrollo de derechos fundamentales (individuales o colectivos), el espíritu del constitucionalismo actual. El análisis de cada sentencia permite sistematizar la posición vinculante del derecho por medio de los argumentos, discusiones y decisiones que ofrece el máximo órgano de la jurisdicción constitucional en materia de autonomía de los gobiernos étnicos para seleccionar su cuerpo docente, definir el plan de estudios en contexto culturales, delimitar el alcance de denominación de las minorías étnicas y salvaguardar el debido proceso en la concesión de avales que hace la autoridad indígena a sus etnoeducadores.
