La revolución digital y el desarrollo del ciberespacio han vuelto obsoleto el concepto tradicional de territorialidad en el derecho tributario. Actualmente, las empresas multinacionales pueden comerciar y prestar servicios de forma masiva en diversos países sin necesidad de mantener una presencia física local, lo que genera vacíos de imposición en las jurisdicciones donde se ubican los consumidores. Ante este escenario, el artículo analiza cómo la fiscalidad internacional responde a estos desafíos a través del Plan BEPS de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Acción 1) y el Acuerdo Fiscal Global del G20. Para ello, examina el impacto de las propuestas normativas del Pilar 1 y Pilar 2 sobre la territorialidad, exponiendo los lineamientos a los que deberá alinearse la legislación tributaria peruana para adaptarse al comercio digital.
El presente artículo analiza la valoración de la prueba en el ámbito tributario y los límites a la discrecionalidad de la Administración Tributaria frente a la prueba técnica. A partir de doctrina, jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Corte Suprema y Tribunal Fiscal, se examina la obligación de realizar una apreciación conjunta, razonada y motivada de los medios probatorios aportados por el contribuyente. Asimismo, se desarrolla la exigencia de que toda observación o rechazo de pruebas técnicas se encuentre sustentado en criterios objetivos y especializados, evitando decisiones arbitrarias o basadas en apreciaciones subjetivas. Finalmente, los autores concluyen que la valoración conjunta de la prueba constituye un estándar indispensable para garantizar el debido proceso, la búsqueda de la verdad material y la legitimidad de las decisiones tributarias.
La Ley General de Aduanas ha experimentado reformas estructurales orientadas a equilibrar el control aduanero con la facilitación del comercio, y a adecuar el sistema peruano a los estándares internacionales. El artículo analiza los cambios introducidos por los Decretos Legislativos 1053 y 1433, identifica la agenda pendiente y propone reforzar la autonomía del derecho aduanero, la aplicación supletoria de la Ley del Procedimiento Administrativo General y las garantías del régimen sancionador.
El presente artículo analiza el papel que desempeñan los precedentes en el derecho tributario peruano y cómo la coexistencia de pronunciamientos opuestos entre el Tribunal Fiscal, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional evidencia una falla estructural en el sistema jurídico tributario, la cual no se reduce a meras divergencias interpretativas, sino que se manifiesta en la emisión de precedentes con criterios opuestos, lo que vulnera derechos fundamentales como la igualdad ante la ley, así como principios constitucionales como la seguridad jurídica y la predictibilidad. Ante esta asimetría interpretativa en las diferentes instancias, el estudio demuestra que el caos jurisprudencial no puede solucionarse de manera endógena al interior del Tribunal Fiscal o el Poder Judicial, por lo que se postula que la reconducción del sistema debe provenir principalmente de una intervención proactiva del legislador, mediante reformas técnicas y céleres orientadas a dotar de estabilidad y predictibilidad a la legislación tributaria.
La prescripción extintiva en materia tributaria constituye uno de los principales mecanismos de protección de la seguridad jurídica al establecer límites temporales al ejercicio de las facultades de determinación, recaudación y sanción de la Administración Tributaria. Sin embargo, las modificaciones introducidas por los Decretos Legislativos 981 y 1311 al artículo 46 del Código Tributario han generado importantes controversias interpretativas respecto del alcance de la suspensión del plazo de prescripción durante la tramitación del procedimiento contencioso-tributario y del proceso contencioso-administrativo. El presente trabajo desarrolla la evolución normativa y jurisprudencial de dichas modificaciones, con especial énfasis en las diferencias existentes entre los criterios desarrollados por el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema y el Tribunal Fiscal en torno al grado de protección al contribuyente. Con ello, se pone de relieve las tensiones existentes entre dichos criterios y sus efectos sobre la seguridad jurídica y la predictibilidad del sistema tributario. En ese orden de ideas, se sostiene que la interpretación de las causales de suspensión de la prescripción debe realizarse conforme a los principios constitucionales, de modo que las demoras imputables a los órganos administrativos o la declaración de nulidad de los actos administrativos no produzcan una extensión indefinida de las facultades de la Administración Tributaria.
In recent years, tax law has faced growing challenges arising from the increasing complexity of global economic transactions, the expansion of international anti-avoidance standards, and the pressure on tax administrations to secure revenue. These developments have called into question the balance between the State’s taxing power and taxpayers’ legal certainty, especially when legitimate planning decisions are interpreted as abusive schemes. In this context, Dr. Jacques Malherbe offers a reflection grounded in his extensive academic trajectory, analyzing the need to clearly distinguish between lawful tax planning and artificial arrangements. He also examines the role of General Anti-Avoidance Rules (GAARs) and the Principal Purpose Test (PPT), warning that their indiscriminate application may generate uncertainty and affect genuine transactions, even in cases of double non-taxation that may be legitimate. Finally, Malherbe expresses concern over the growing expansion of sanctioning mechanisms and criminal tax law, noting that their excessive use may distort the essential function of the system, which is rooted in the principle of ability to pay.
El objetivo de este artículo es analizar la naturaleza jurídica del canon por el uso del espectro radioeléctrico en el Perú, obligación que es exigida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a los operadores de servicios de telecomunicaciones. A partir de un análisis dogmático, normativo y jurisprudencial, el artículo sostiene que el Canon no satisface la estructura típica de una tasa-derecho. Aunque recae sobre el uso de un bien de dominio público, su exigibilidad no se explica por la prestación de un servicio estatal divisible ni por una obligación tributaria coactiva en sentido estricto, sino por el otorgamiento del uso exclusivo de un recurso natural integrante del patrimonio de la Nación. En esa medida, su estructura se asemeja a una contraprestación económica de naturaleza no tributaria, sujeta a los límites de razonabilidad, legalidad e interdicción de la arbitrariedad, pero no al régimen propio de los tributos.
El presente trabajo examina, desde una perspectiva dogmático constitucional y con particular atención en el ordenamiento peruano, el impacto prospectivo de la tecnología blockchain sobre el principio de capacidad contributiva. Se sostiene que la ejecución automatizada de obligaciones tributarias mediante contratos inteligentes, escenario aún incipiente pero técnicamente plausible, comprime el tiempo tributario y desplaza al principio desde una operatividad ex post, interpretativa y correctiva, hacia una configuración ex ante, incorporada al diseño normativo y algorítmico del sistema. Sobre esa base se identifican sus tensiones con la no confiscatoriedad, la seguridad jurídica y el derecho de defensa, se postula la constitucionalización del algoritmo y del oráculo tributario, y se propone, de lege ferenda, un test de constitucionalidad algorítmica como condición de validez de todo sistema de imposición automatizada.
En las redes sociales, los influencers se han consolidado como personas capaces de impactar en la forma en que los seguidores conocen y adquieren bienes o servicios. Como contraprestación por la promoción que realizan a través de sus redes sociales, perciben una retribución en dinero o en especie. Pero, ¿de qué tipo de renta se trata? En esta investigación, la autora concluye que tales rentas pueden constituir rentas del capital, del trabajo o empresariales y no únicamente empresariales como asevera la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria en el Informe 000044-2022-SUNAT/7T0000. Para sustentar esta conclusión, parte de una descripción detallada del negocio de los influencers y de las estructuras más comunes mediante las cuales promocionan productos y servicios en medios digitales. Sobre esa base, analiza diversos supuestos en los que el trabajo personal predomina sobre la explotación del capital en la generación de la renta, así como otros en los que el trabajo personal resulta mínimo o incluso inexistente frente al capital.
El Régimen de la Amazonía, en su degeneración funcional, ha facilitado la erosión de la base imponible; sin embargo, la imposición del criterio de territorialidad del 100% constituye una medida desproporcionada. Si bien el Proyecto de Ley 12281/2025-CR pretende corregir la elusión y la regresividad del gasto tributario, al exigir una autosuficiencia productiva en una región caracterizada por el aislamiento geográfico y la precariedad de infraestructura –factores reconocidos en la propia iniciativa legislativa–, la norma termina penalizando la inversión legítima y profundizando la desarticulación económica extrazonal.
El régimen de enajenación indirecta de acciones en el Perú incorpora una presunción de enajenación indirecta aplicable a la emisión y colocación de acciones o participaciones por debajo de su valor de mercado (Tercer Escenario). Si bien dicha presunción fue concebida como una cláusula antielusiva específica destinada a gravar supuestos de venta encubierta, su configuración normativa actual permite extender sus efectos a operaciones que no implican una transferencia efectiva de control ni una manifestación real de capacidad contributiva. El presente artículo analiza críticamente el alcance del Tercer Escenario a partir de su evolución normativa, su fundamento económico y los límites interpretativos aplicables a las presunciones legales en materia tributaria. En particular, se examina la presunción a la luz del principio de capacidad contributiva y se destaca la relevancia de la transferencia de control como criterio para evaluar la razonabilidad de su aplicación. Asimismo, se analiza el rol del Test del 10% como criterio de delimitación material del régimen, destacando que su reconocimiento en el Primer Escenario (cumplimiento concurrente del Test del 50% y Test del 10%) responde a una lógica de materialidad económica compartida por la legislación comparada. En contraste, la ausencia de dicho umbral en el Tercer Escenario genera problemas de coherencia y razonabilidad en la aplicación de la presunción. Finalmente, se concluye que, en el estado actual de la legislación, el Test del 10% no resulta aplicable al Tercer Escenario por vía interpretativa y que su incorporación requeriría una modificación normativa expresa.
Este artículo analiza el Pilar Dos desde la perspectiva del estándar de equidad entre naciones. El objetivo es evaluar, con un enfoque de política fiscal, si el impuesto mínimo global contribuye a un reparto más equitativo del tax pie, o si, por el contrario, puede generar efectos distributivos regresivos para los países en desarrollo. Partiendo de la premisa de que la justicia tributaria internacional no se agota en la sola cooperación, sino que exige el reconocimiento de objetivos redistributivos en la división de la base tributaria internacional, el estándar de equidad entre naciones se propone como parámetro para evaluar si el nuevo orden fiscal refleja las asimetrías entre los Estados participantes.
En los últimos años, la tributación internacional ha cobrado mayor protagonismo como consecuencia de la competencia fiscal entre los Estados, de los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y por el cada vez más frecuente uso de mecanismos tributarios de alcance global. En esa misma línea, temas como los incentivos fiscales, las zonas francas, así como el impuesto mínimo global han generado debates sobre la soberanía fiscal y la gobernanza tributaria internacional. En este contexto, el Dr. César García Novoa expone los desafíos de la fiscalidad internacional: el uso de las zonas económicas especiales, los incentivos fiscales y las consecuencias del Proyecto Mínimo Global para los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. Además, reflexiona sobre los límites del principio de la no confiscatoriedad y el uso de las medidas fiscales y arancelarias como herramientas de presión geopolítica.
En esta mesa redonda se examina la creciente judicialización de las reclamaciones tributarias y las razones por las cuales los conflictos –que habitualmente se resolvían en la vía administrativa– terminan hoy siendo resueltos por el Poder Judicial. Asimismo, se estudia la función que desempeñan la Administración Tributaria y el Tribunal Fiscal en este escenario, así como los efectos que este fenómeno genera sobre la seguridad jurídica, la duración de los procesos y la confianza de los contribuyentes en el sistema de justicia tributaria. Los autores coinciden en que el incremento de la litigiosidad se debe a una combinación de factores, entre ellos, el uso cada vez más frecuente de las demandas contencioso-administrativas promovidas por la Administración Tributaria, la pérdida de la eficacia de la vía administrativa como instancia definitiva, y la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema. A raíz de este análisis, se plantean diversas propuestas orientadas a recuperar el carácter excepcional de la judicialización.
El trabajo analiza cómo la ausencia de un marco global coherente para la regulación y supervisión de los criptoactivos genera fragmentación normativa y déficits de información que pueden favorecer la evasión y el fraude fiscal transfronterizos. Esta situación exige una respuesta internacional coordinada capaz de superar los límites de los enfoques nacionales y reforzar la transparencia fiscal global. Desde esta perspectiva, el Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ofrece una base sustancial para el desarrollo de un estándar global de identificación, diligencia debida y reporte de información; mientras que la experiencia de la Unión Europea con la Directiva sobre Cooperación Administrativa de la Unión Europea demuestra la viabilidad de integrar dicho estándar en un sistema más coherente de asistencia mutua, basado en la participación activa de plataformas y otros terceros obligados a suministrar información fiscalmente relevante. Sobre estas premisas, el estudio desarrolla una propuesta propia orientada a la construcción de un marco global más eficaz frente a la evasión fiscal mediante criptoactivos y estructurada en tres pilares complementarios: (i) la creación de estándares comunes de identificación, diligencia debida y comunicación de información; (ii) el fortalecimiento de la cooperación administrativa entre autoridades fiscales; y (iii) la utilización proporcionada de instrumentos de cooperación penal internacional en los supuestos más graves de ocultamiento patrimonial y evasión fiscal transfronteriza.
El presente artículo analiza el tratamiento tributario de la sucesión indivisa en el Perú, con especial énfasis en la determinación de la ganancia de capital derivada de la enajenación de bienes inmuebles adquiridos por causa de muerte. A partir de un análisis dogmático, normativo y jurisprudencial del régimen civil de transmisión sucesoria y de las normas tributarias aplicables, el estudio demuestra la ausencia de una regulación legal expresa que defina los elementos esenciales del hecho imponible en estos supuestos. En dicho contexto, se examina críticamente la utilización de disposiciones reglamentarias y criterios administrativos que han pretendido suplir esta contradicción mediante la construcción de hipótesis de incidencia, atribuyendo a la sucesión indivisa la condición de sujeto adquirente del derecho de propiedad sobre un inmueble, y generando, posteriormente, una segunda transferencia del derecho de propiedad sobre un inmueble por parte de los sucesores. Se sostiene que tales construcciones vulneran el principio de reserva de ley, al configurar elementos sustantivos de la obligación tributaria sin respaldo en una norma con rango de ley, y producen una ruptura injustificada con el régimen civil de adquisición de la propiedad. Asimismo, se analizan diversos pronunciamientos del Tribunal Fiscal y de la Corte Suprema, destacando sus aciertos y limitaciones en la resolución del problema planteado. Finalmente, se propone una interpretación conforme con la Constitución que reconozca la aplicación de las reglas civiles de transmisión sucesoria en el ámbito tributario, así como la necesidad de una adecuación normativa que delimite el alcance de la autonomía calificadora del derecho tributario.
El Perfil de Cumplimiento que ha sido concebido en nuestro ordenamiento tributario busca promover el cumplimiento de las obligaciones tributarias por medio de un sistema de clasificación de los contribuyentes basado en criterios de riesgo. Sin embargo, el autor resalta defectos estructurales en el diseño de este régimen, que podrían afectar su legitimidad y poner en peligro los objetivos de cumplimiento voluntario y formalización que justificaron su instauración. A través del estudio del marco normativo que regula esta herramienta y de su adaptación durante el período de implementación, se abordan aspectos relacionados con la publicidad de las calificaciones y afectación de derechos fundamentales, la falta de criterios razonables de proporcionalidad y los efectos impropios derivados de regularizaciones voluntarias y por el ejercicio del derecho de defensa. El autor concluye que se hace necesario reconfigurar múltiples aspectos del Perfil de Cumplimiento, debiendo priorizarce incentivos positivos que permitan compatibilizar la gestión tributaria –en el marco de un escenario actual de alta informalidad– con las garantías constitucionales de los contribuyentes.
El Perú ratificó, en mayo de 2025, la Convención Multilateral para Implementar las Medidas Relacionadas con los Tratados Tributarios para Prevenir la Erosión de las Bases Imponibles y el Traslado de Beneficios, con lo cual se modificará la aplicación de varios convenios para evitar la doble imposición, a fin de implementar las medidas del Proyecto sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios. Sin embargo, la incorporación de este instrumento plantea desafíos interpretativos particulares que requieren un análisis diferenciado, pues la Convención Multilateral no funciona como un protocolo modificatorio que altera el texto de los convenios para evitar la doble imposición, sino que se aplica de forma conjunta con estos, modificando su aplicación. Entre sus particularidades más relevantes, la Convención Multilateral está redactada en inglés y francés, contiene reglas de reenvío interpretativo hacia los convenios para evitar la doble imposición cubiertos y establece una Conferencia de las Partes como mecanismo para abordar cuestiones de interpretación e implementación. En ese sentido, el presente artículo analiza las reglas de interpretación aplicables a la Convención Multilateral a la luz de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, examinando la relevancia de los reportes Proyecto sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios 2015 y el Modelo de Convenio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de 2017; el rol del Explanatory Statement y el preámbulo como contexto interpretativo; el método de interpretación en cascada del numeral 2 del artículo 2 de la Convención Multilateral; la influencia de las opiniones de la Conferencia de las Partes; y las consecuencias lingüísticas de los convenios para evitar la doble imposición con contenido mixto en español e inglés o francés. Asimismo, se evaluarán los convenios para evitar la doble imposición que serán modificados por la Convención Multilateral y cuándo surtirán efectos dichas modificaciones.
En esta mesa redonda se examina el regreso de la bicameralidad, una reforma que ha generado nuevas dudas sobre su viabilidad. Aunque, en el pasado, el Perú estuvo regido por este sistema, el mayor cuestionamiento actual reside en que esta medida se aprobó pese a su rechazo por la población en referéndum, lo que afecta seriamente su legitimidad. Los autores coinciden en que el cambio es riesgoso: altera el equilibrio de poderes a favor del Congreso, aumenta el gasto público y no asegura procesos más rápidos. En el fondo, esta reforma no resuelve el problema principal, que es la falta de representatividad del Parlamento, un debate sobre el cual el lector podrá sacar sus propias conclusiones.
El artículo analiza la evolución del control de constitucionalidad en el Perú, desde el modelo parlamentario del siglo XIX hasta la incorporación del control jurisdiccional difuso y concentrado. Se subraya su desarrollo lento y fragmentado, así como la persistencia del denominado ‘problema de los dos cuerpos’ desde la Constitución de 1979 hasta la vigente. Aunque esta última amplió las competencias del Tribunal Constitucional, su configuración normativa y la fuerte presunción de constitucionalidad de las leyes han dificultado la declaración de inconstitucionalidad y debilitado el control difuso, evidenciando una persistente desconfianza política hacia la jurisdicción constitucional. Asimismo, el trabajo revisa los principales debates teóricos sobre el rol del Tribunal Constitucional y explica cómo los derechos fundamentales operan como principios en conflicto que deben resolverse mediante el principio de proporcionalidad. Si bien el Tribunal Constitucional peruano ha asumido parcialmente esta metodología, persiste una tendencia a validar normas por defecto ante la falta de mayorías, lo que limita el control judicial efectivo. El artículo concluye que el modelo peruano resulta disfuncional por su excesiva deferencia al legislador y propone una reforma estructural del Tribunal Constitucional que fortalezca la supremacía constitucional y la tutela efectiva de los derechos fundamentales.
