En esta entrevista, Martina Cociña-Cholaky analiza los principales desafíos de la gobernanza migratoria en Chile y América Latina desde una perspectiva crítica de derechos humanos. La conversación aborda la relación entre migración, seguridad y control fronterizo; la expansión de la crimigración; la militarización de la frontera norte chilena; la figura de la reconducción; el uso de tecnologías de vigilancia y empadronamiento biométrico; y la incertidumbre que enfrentan las personas migrantes en situación irregular. También reflexiona sobre los límites de las respuestas estatales basadas en la “mano dura”, la construcción de la persona migrante como amenaza y la necesidad de repensar la soberanía desde la seguridad humana, la regularización y la protección efectiva de derechos.
Este artículo examina la regulación y aplicación jurídica del derecho a migrar, con énfasis en la protección reforzada de niñas, niños y adolescentes migrantes. Mediante la revisión de seis sentencias de la Corte Constitucional del Ecuador entre 2019 y 2024, los hallazgos muestran que este derecho cuenta con garantías que protegen no solo el ingreso, la permanencia y el tránsito. De acuerdo con la línea jurisprudencial de la Corte, el derecho a migrar también se proyecta sobre las condiciones materiales de reunificación familiar, acceso a servicios básicos, protección, salud, cuidado, no devolución e integridad de niñas, niños y adolescentes. Desde esta perspectiva, el Estado debe proteger al sujeto migrante, en lugar de sancionarlo y controlarlo por su situación de irregularidad migratoria. Factores estructurales, administrativos, burocráticos e institucionales dificultan el ejercicio efectivo de este derecho.
La manera en que las personas migrantes se asientan e integran depende de las capacidades institucionales y de lo que el Estado implementa en el territorio. Este artículo aborda las políticas migratorias locales (PML) implementadas en la ciudad de Río Cuarto entre 2003 y 2025. Se triangularon fuentes documentales (normativas, informes y noticias oficiales), entrevistas y diálogos informales con actores clave, cuyos datos revelan la existencia de tres instrumentos de las PML, dotados de distintas capacidades y márgenes de acción: la articulación interinstitucional y técnica del Observatorio Permanente de Migrantes; los operativos desplegados por ministerios provinciales de Córdoba con apoyo de las secretarías locales; y algunas iniciativas públicas y relacionales de mediación, apoyo y asistencia. Los tres instrumentos revelan que Río Cuarto produce respuestas situadas frente a demandas heterogéneas como la migración.
Esta investigación describe los factores sociodemográficos asociados con la violencia reportada por mujeres migrantes y los perfiles de los presuntos agresores, a partir de los casos registrados por la Línea 123 Agencia Mujer en Medellín entre 2020 y 2024. Mediante una metodología cuantitativa, orientada por el Standardized Reporting of Secondary Data Analyses (STROSA), se aplicaron análisis descriptivos y pruebas bivariadas para identificar asociaciones o diferencias entre las variables. Los resultados muestran que la violencia física fue la más frecuente entre las mujeres migrantes, seguida de la violencia económica, la psicológica y digital, y la sexual. Sin embargo, la violencia no es homogénea: su frecuencia y distribución dependen de factores como la edad, la jefatura del hogar, la actividad económica y la desigualdad territorial, entre otros. La violencia se concentra en zonas urbanas que comparten condiciones de desigualdad, precariedad y menores niveles de calidad de vida. A su vez, la violencia física y económica se presenta principalmente en el ámbito de las relaciones de pareja, mientras que la violencia sexual y sociopolítica aparece en espacios más amplios de vecindad, sociabilidad o dependencia.
La interpretación del derecho a la libertad de circulación entra en tensión con el principio de soberanía estatal, que impide el reconocimiento explícito del derecho a migrar en el derecho internacional público. Pese a este obstáculo doctrinario, el artículo sostiene que dicho derecho puede positivarse y que los avances constitucionales y legislativos de Ecuador, Argentina y Chile son prueba de ello. El estudio se desarrolla desde un enfoque cualitativo, que comprende revisión bibliográfica y aplicación del método comparativo entre los tres países. El artículo contribuye al debate sobre el derecho a migrar y lo propone como un derecho humano emergente. Sin embargo, también evidencia que las reformas recientes a las leyes migratorias, basadas en el control y la seguridad, erosionan las conquistas alcanzadas y reavivan la soberanía como discurso excluyente.
En la última década, América del Sur endureció sus políticas hacia la migración venezolana: pasó de esquemas de acogida a regímenes con más control, selectividad y precarización. Este artículo analiza cómo estos cambios reorientaron los proyectos migratorios venezolanos hacia España desde una perspectiva crítica que dialoga con el concepto de derecho de fuga. El estudio compara documentos normativos, literatura especializada, estadísticas oficiales y 69 entrevistas a personas venezolanas reemigradas a España tras una primera residencia en Ecuador, Perú, Chile y Colombia. Las políticas restrictivas no detuvieron la movilidad, sino que contribuyeron a reorientarla. Se estima que cerca del 25 % de los venezolanos residentes en España provienen de migraciones secundarias vinculadas con precariedad laboral, xenofobia y limitaciones en los mecanismos de regularización. El estudio concluye que la reemigración evidencia la capacidad de los migrantes para reconfigurar sus trayectorias y geografías de pertenencia y derechos.
Este artículo examina la respuesta social del Mercosur ante la migración venezolana entre 2015 y 2022, desde un enfoque teórico que articula la gobernanza migratoria global con el concepto de imperialismo de frontera propuesto por Harsha Walia. La metodología es cualitativa e integra entrevistas semiestructuradas y análisis documental. Los hallazgos evidencian la ausencia de criterios compartidos entre los países miembros del Mercosur, con disparidades en orientaciones políticas que derivaron en una fragmentación regional frente al fenómeno migratorio. La respuesta adoptada osciló entre cuatro modalidades: estereotipada, difusa, improvisada e integrativa, sin anclaje en las realidades territoriales específicas. Se concluye que la gestión estuvo coconducida por agencias de la ONU —en particular, Acnur y OIM— que, bajo el discurso de los derechos humanos, desplegaron prácticas tutelares orientadas a clasificar, contener y administrar a las poblaciones migrantes. Lejos de garantizar derechos, las respuestas reforzaron modelos de gestión sustentados en la restricción, la selectividad y control de las migraciones internacionales en condiciones de vulnerabilidad.
El artículo analiza la participación del Apostolado del Mar en la gobernanza del trabajo marítimo transnacional a partir de un estudio etnográfico en los puertos de Buenos Aires y Montevideo. En un contexto marcado por trabajadores móviles, empleos precarios y jurisdicciones fragmentadas, se evidencia que esta organización brinda asistencia y tutela moral, además de defender los derechos de los trabajadores del mar. Se trata de una infraestructura humanitaria global adaptada a las tradiciones estatales, sindicales y religiosas locales. En Buenos Aires, está integrada al sistema de bienestar de trabajadores marítimos nacionales, mientras que, en Montevideo, su intervención se dirige a tripulaciones extranjeras (especialmente asiáticas) y participa en arreglos transnacionales de protección.
Durante el mandato de Javier Milei en Argentina, el Gobierno reestructuró instituciones y redujo el alcance estatal en materia de violencia de género, femicidio y salud sexual. Este artículo indaga en los niveles de respaldo social a las acciones estratégicas contempladas por el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2022–2024 y su relación con variables sociodemográficas como identidad sexogenérica, grupo generacional, orientación sexual, religión e ideología política. El estudio cuantitativo, basado en 884 encuestas y en análisis descriptivos y comparativos con pruebas no paramétricas, revela altos niveles de respaldo a las acciones estratégicas estudiadas. En general, las mujeres, la población LGBTTTIQ+, las personas con ideologías de izquierda y quienes no tienen filiación religiosa muestran mayor respaldo, mientras que la generación más joven evidencia bajos niveles de adhesión a las acciones estudiadas. Estos datos pueden interpretarse desde las trayectorias de desigualdad, exclusión y violencia estructural e histórica que atraviesan de manera persistente a la mayoría de estos grupos.
La producción y comercio de cocaína en Perú son temas clave en la agenda de investigación sobre economías ilegales. Este artículo realiza una estimación conservadora del flujo de dinero movilizado en la cadena de suministro del mercado de la cocaína en Perú con base en cálculos aritméticos de información obtenida de la Comisión Nacional para una Vida Sin Drogas, la Dirección contra las Drogas de la Policía Nacional del Perú y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, principalmente. Se identificaron diez transacciones monetarias con un ingreso bruto por la venta final de cocaína por USD 1889, mientras que el valor bruto del total de transacciones en la cadena de producción ascendería a más de USD 5414 millones. Estos valores sugieren que la economía ilícita mueve mayores recursos frente a los destinados por el Estado a las instituciones de control.
Este artículo estudia la implementación de los espacios de cuidado Zamba (ECZ), política pública que ofrece cuidado, alimentación y acompañamiento a hijos e hijas de trabajadores tareferos y que busca la erradicación del trabajo infantil en la producción de la yerba mate en la provincia de Misiones, Argentina. Con entrevistas realizadas a informantes clave, se sostiene que esta política no cuenta actualmente con financiamiento estatal y que los trabajadores de los ECZ se encuentran en condiciones de precariedad laboral. Por ende, los ECZ no logran concretar el objetivo para el cual fueron creados. Para transformar el trabajo infantil en la tarefa, el abandono escolar y las pocas oportunidades de vida de niños y niñas, es necesaria una mayor inversión estatal, una política pública sostenida, un cambio de los patrones de informalidad que caracterizan la producción de la yerba mate y la mejora de las condiciones laborales de las personas que trabajan en los ECZ.
Este artículo analiza la relación entre violencias, consumos de sustancias y cuidados comunitarios en los barrios populares del Área Reconquista del conurbano bonaerense de Argentina entre 2001-2022. Se trata de un estudio de caso que incluye observación participante en territorio y entrevistas a vecinas barriales. Mediante el empleo de la categoría de ‘violencias enlazadas’ se encuentra que el microtráfico, el endeudamiento, la violencia de género e institucional, la precariedad ambiental y las disputas territoriales, se entrecruzan y refuerzan mutuamente, lo que configura una red de daños persistentes en estos barrios. Las respuestas barriales —comedores, redes vecinales y organizaciones locales— ofrecen contención parcial frente a la violencia, aunque sin capacidad de revertir las causas estructurales de la violencia.
En esta entrevista, Renato Rivera sostiene que el empleo de las Fuerzas Armadas y la política de ‘mano dura’ no han logrado reducir la oferta de la cocaína y los homicidios en la región y que, por el contrario, van en aumento. Destaca la evolución de los conceptos de cartel por el de grupos criminales y de seguridad interna por el de seguridad ciudadana, así como los esfuerzos en Perú y Colombia por realizar mediciones del impacto del narcotráfico en la economía nacional. Renato destaca que en Centroamérica hay presencia de cultivos ilícitos, que el consumo de fentanilo en la región no es tan significativo como en Estados Unidos y que desde 2016 se reforzó la interdependencia regional del tráfico de cocaína entre Colombia, Ecuador y México.
Este artículo realiza una lectura interpretativa de la guerra contra el narcotráfico en México a la luz de los aportes teóricos de Judith Butler sobre la guerra, las políticas de seguridad y de duelo. Mediante una revisión documental que incluye notas de prensa, información oficial y fuentes académicas como metodología, se considera que la ‘guerra’ es una construcción política que perpetua la hegemonía de la política de seguridad de Estados Unidos en el hemisferio. Por tanto, el marco de guerra utilizado para combatir el terrorismo es el mismo para analizar el narcotráfico en México, lo que conlleva, junto con el concepto de economía de la guerra, una discusión profunda sobre los límites de la soberanía y la gobernabilidad. Finalmente, el Estado mexicano elabora políticas del duelo que jerarquizan la vida y la muerte: los familiares de personas desaparecidas y fallecidas quedan en un duelo suspendido ante la ausencia de un cuerpo para llorar, por las circunstancias de la muerte o por la constante impunidad.
Este artículo realiza un acercamiento al ejercicio de las garantías jurisdiccionales como instrumento jurídico que procura la restitución y protección de derechos vulnerados a partir de las causas ingresadas, en trámite, resueltas y activa que reposan en el Consejo de la Judicatura; la capacidad del sistema de justicia para responder a la demanda; y algunos factores causales que incidieron en el reclamo de derechos en Ecuador entre 2008 y 2022. Mediante una metodología mixta basada en informes y estadísticas judiciales oficiales, se evidencia un incremento crítico de las causas activas, sobrecarga laboral de los jueces constitucionales y recortes presupuestarios que propician la poca capacidad de respuesta del sistema, entre otros elementos. La pandemia por covid-19, las protestas sociales de 2019 y 2022, y la violencia y crisis carcelaria son algunos escenarios de crisis que incidieron en la activación de garantías jurisdiccionales.
Este artículo aborda la expansión del cártel de Sinaloa (CDS) hacia Colombia entre 2010 y 2020 a partir del enfoque teórico de las redes transnacionales. Con hallazgos provenientes de informes oficiales, entrevistas clave y literatura especializada, se sostiene que el corredor marítimo del Pacífico —entre el departamento de Nariño y el estado de Guerrero— es el principal eje del tráfico de cocaína desde Colombia hacia México, antes de continuar su traslado a Estados Unidos. Estas redes operan mediante alianzas y subcontratación con grupos armados organizados como el Clan del Golfo, disidencias de las FARC, guerrilla del ELN, entre otros. La desmovilización de las FARC tras el Acuerdo de Paz en 2016 dejó un vacío territorial que fue disputado por varios actores armados, intensificó los conflictos en Nariño y amplió el control del CDS sobre la cadena de producción de la cocaína con presencia directa y alianzas flexibles.
Este artículo examina la asistencia antinarcóticos de Estados Unidos a América Latina como dispositivo de intervención geopolítica, militarización y acumulación de capital, a partir de tres ejes: 1) la caracterización de la asistencia como mecanismo del imperialismo y la dependencia; 2) su arquitectura institucional y financiera; y 3) el discurso de la ‘guerra contra las drogas’ en el contexto de la competencia entre Estados Unidos y China, en particular frente a la emergencia del fentanilo como amenaza para la seguridad global. Los hallazgos se sustentan en la base oficial ForeignAssistance.gov —que centraliza información sobre la asistencia exterior de Estados Unidos—, documentos gubernamentales, literatura especializada y fuentes periodísticas. Más allá del enfoque prohibicionista, la ‘guerra contra las drogas’ ha funcionado como instrumento geopolítico para reforzar el control de Estados Unidos en la región, mediante modelos de seguridad militarizados.
Este artículo explora la concentración territorial de los homicidios dolosos, los robos con armas y los procedimientos policiales por microtráfico de drogas en Gran San Miguel de Tucumán, en Argentina; el lugar que ocupan los barrios populares y las resistencias comunitarias que surgen entre 2015 y 2022. Con información del Sistema Nacional de Información Criminal se revela que, si bien los homicidios se concentraron en los barrios populares —lo que obedece a factores y violencia estructural—, los robos y los procedimientos por microtráfico tienen una distribución diferente, con mayor incidencia en otras áreas urbanas. No obstante, a nivel político y simbólico se asocia el cometimiento de cualquier delito con estos barrios y sus pobladores. Entre tanto, las organizaciones comunitarias buscan contener el microtráfico desde la prevención y reducción de las adicciones en los jóvenes, y con medidas para contrarrestar los discursos estigmatizantes que vienen desde afuera.
