Este informe aborda las ejecuciones extrajudiciales realizadas en el Mar Caribe por Estados Unidos contra supuestos narcotraficantes. El objetivo del informe, que se realizó en el marco de un llamado a contribuciones del Relator Especial contra ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias de Naciones Unidas es poner de relieve la existencia de un marco normativo internacional e interno contrario a estas prácticas y que aboga por un proceso con las garantías adecuadas. Asimismo, se incide en los derechos de las víctimas y se realiza una propuesta de mejora para asegurar que las víctimas de estos hechos puedan obtener una reparación.
El presente estudio jurídico tiene por objeto analizar las actuaciones de la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia de la Generalitat Valenciana en relación con el Kolectivo de Jóvenes Parke, entidad social de arraigo en el barrio Parque Alcosa (Alfafar), que gestiona dos centros de atención diurna para menores en situación de riesgo y jóvenes en situación de exclusión social en régimen de acción concertada con dicha Conselleria. Concretamente, el informe examina la negativa de la Administración autonómica a abonar los servicios prestados en el marco de la acción concertada vigente correspondientes al período comprendido entre abril y diciembre de 2025, que ascienden a 310.000 euros, reconocidos en la reunión mantenida entre la Conselleria y el Kolectivo el 19 de diciembre de 2025, más los intereses de demora que se devenguen hasta el momento de cobro.
Si bien en el Estado español se han producido algunos avances legislativos o de políticas públicas en relación con el derecho a la educación sin discriminación, hoy día la infancia no tiene garantizado su derecho a una educación inclusiva. Para mostrar algunas de las insuficiencias, la Clínica por la Justicia Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia presenta este informe complementario centrado en el derecho a la educación inclusiva, y en su respeto y garantía en particular para el colectivo de infancia con discapacidad (arts 28, 29, 23 y 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en adelante CRC). El informe parte de una premisa clara: el derecho a la educación inclusiva es el derecho a la educación sin discriminación de todos los niños y niñas. No obstante, este informe pretende realizar una aproximación a la situación del derecho a la educación para el colectivo de infancia con discapacidad en España, a nivel estatal y en las cuatro comunidades autónomas más pobladas (Andalucía, Catalunya, Comunitat Valenciana y Madrid), analizando el grado de cumplimiento del Estado según los estándares internacionales en la materia.
¿Cómo ha respondido el sistema a la lucha de las defensoras del medio ambiente en Colombia u Honduras y a la resistencia del Forn de Barraca en Alboraia? ¿Cómo se ha reprimido al colectivo feminista Demus de Perú y a l’Assemblea Feminista de València? ¿Qué sufren los periodistas que informan sobre estos temas en Nicaragua, México y València? En los últimos años, los movimientos sociales, colectivos feministas y defensores de derechos humanos están siendo víctimas de fuertes campañas de estigmatización y criminalización. Pese a tener particularidades diferentes en función del contexto y la coyuntura local, hay patrones comunes de criminalización en los movimientos sociales a los movimientos sociales latinoamericanos y valencianos. Entre los casos que hablamos dentro de la investigación están la persecución y criminalización de defensores y defensoras de los pueblos indígenas y afrodescendientes, de Guatemala, El Salvador, Colombia, Brasil, Perú, Honduras, entre otros. Dentro de la parte del País València hemos contado con los testimonios de activistas Forn de Barraca, Assemblea Feminista y Cuidem Benimaclet, Comissió Ciutat Port, La Directa y Antimilitaristes MOC. Los resultados de esta investigación pueden servir de base para establecer propuestas para el debate e incidencia y reconocer las estrategias que, mediante la represión, impiden el ejercicio de los derechos a la protesta social y a la defensa de los derechos humanos.
El presente amicus curiae se desarrolla en el contexto de los vertidos crónicos que, procedentes del Oleoducto Transandino (en adelante, OTA), han afectado a distintos resguardos del Pueblo Indígena Awá en el departamento de Nariño, produciendo, con ello, graves perjuicios humanos, ambientales y materiales que hasta el día de hoy han carecido de una reparación efectiva. Para su esclarecimiento y resolución, los representantes del Pueblo Indígena Awá han iniciado un litigio frente al Estado colombiano y la empresa ECOPETROL S.A.
