Durante el primer semestre de 2026, la Unión Europea ha continuado adaptando su proceso de integración a un entorno marcado por la guerra en Ucrania, la inestabilidad en Oriente Próximo, las tensiones comerciales y la debilidad del crecimiento. La Presidencia chipriota del Consejo ha orientado sus trabajos hacia la autonomía europea, entendida como una mayor capacidad para garantizar la seguridad, proteger las fronteras, reforzar la industria y financiar prioridades comunes. El semestre no ha estado definido por una única gran reforma, sino por la aplicación y consolidación de instrumentos previamente acordados. En el ámbito institucional, la Unión ha reforzado su apoyo financiero y militar a Ucrania, ha avanzado en la coordinación de la industria europea de defensa y ha comenzado a aplicar el Pacto sobre Migración y Asilo. También ha progresado el proceso de ampliación, especialmente con Ucrania, Moldavia y Montenegro. Al mismo tiempo, la negociación del marco financiero plurianual para 2028-2034 ha mostrado la dificultad de compatibilizar la agricultura y la cohesión con las nuevas necesidades de defensa, competitividad, innovación y ampliación. Los avances en el mercado interior, la reforma aduanera y la simplificación normativa han reflejado una integración cada vez más orientada hacia la ejecución y la capacidad administrativa. La evolución económica se ha deteriorado como consecuencia de un nuevo shock energético vinculado al conflicto en Oriente Próximo. El encarecimiento del petróleo y del gas ha reducido las previsiones de crecimiento, ha provocado un repunte de la inflación y ha llevado al Banco Central Europeo a elevar los tipos de interés en junio. Aunque el empleo ha mantenido una relativa resistencia, el consumo, la inversión y las exportaciones han perdido impulso. La política fiscal ha debido combinar la sostenibilidad de la deuda con el aumento del gasto en defensa, energía e infraestructuras, mientras el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia ha entrado en su fase final. El semestre ha confirmado que la Unión ha desarrollado una mayor capacidad de respuesta común, pero continúa condicionada por la fragmentación política, la limitada disponibilidad de recursos compartidos y las diferencias económicas entre los Estados miembros.
A pesar de que la UE es el mayor donante de ayuda al desarrollo, su impacto geopolítico es limitado frente al de la Franja y la Ruta de China. Para ofrecer una alternativa basada en valores y sostenibilidad, la UE lanzó la estrategia Global Gateway (GG) (2021-2027), que busca movilizar 300.000 millones de euros en infraestructuras, transición verde, digital y salud. La GG responde a un nuevo paradigma, confirmado en la Conferencia de Sevilla de 2025: sustituir el modelo tradicional de ayuda por un enfoque de inversión alineado con los intereses nacionales y la autonomía estratégica. El artículo analiza, mediante metodología cualitativa, la GG como estrategia de diplomacia geoeconómica hacia América Latina. La contribución es examinar críticamente la compatibilidad entre intereses geopolíticos y valores. Buscamos reflexionar sobre las siguientes preguntas: ¿Es la GG una alternativa real a la Franja y la Ruta China? ¿Puede la GG defender las necesidades geoeconómicas de la UE sin dejar en un segundo plano la promoción de sus valores en el mundo? ¿Estamos realmente ante una asociación entre iguales o es una estrategia para extraer materias primas críticas contribuyendo a la autonomía estratégica de la UE? Recibido: 4 mayo 2026 Aceptado: 4 junio 2026
Las inversiones de la Unión Europea han desempeñado un papel decisivo en la modernización económica de España desde su adhesión, pero su contribución efectiva a la convergencia territorial, la transformación productiva y el crecimiento potencial sigue siendo objeto de debate. Este artículo ofrece un análisis institucional y empírico de la trayectoria de las inversiones europeas en España, comparando la lógica redistributiva de la política de cohesión con el enfoque estratégico y condicionado del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). A partir de evidencia territorial sobre la ejecución regional y del análisis de la arquitectura institucional desplegada en los últimos ciclos presupuestarios, el trabajo identifica dos aprendizajes nacionales derivados de la experiencia europea reciente. El primero es el desarrollo de un ecosistema sofisticado de instrumentos financieros públicos reembolsables, acelerado por el ciclo NGEU, que ha desplazado parcialmente el modelo de intervención desde la subvención hacia la movilización estructurada de capital privado. El segundo es la creciente centralidad de la evaluación de políticas públicas en la gobernanza de la inversión, impulsada tanto por la evolución de la política de cohesión como por la condicionalidad asociada al PRTR y su impacto en la institucionalización evaluadora en España. El artículo sostiene que la coexistencia entre una lógica de convergencia territorial y una lógica de transformación estratégica ha generado tensiones institucionales que deberán resolverse en el diseño del Marco Financiero Plurianual 2028-2034. La cuestión clave no es únicamente cuánto se invertirá, sino bajo qué arquitectura institucional, con qué instrumentos financieros y con qué sistema evaluador se gobernará la inversión europea para garantizar adicionalidad real, transformación productiva y legitimidad basada en evidencia. Recibido: 4 mayo 2026 Aceptado: 22 junio 2026
Frente a la incertidumbre geopolítica y los desafíos actuales, la Unión Europea ha priorizado el fortalecimiento del Mercado Único como eje de su estrategia de crecimiento e inversión para el periodo 2024-2029, destacando la importancia de supervisar su evolución y vincularlo al Estado de Derecho, clave para asegurar un entorno económico estable y de confianza. El artículo presentará brevemente las ventajas que ofrece el Mercado Único como elemento dinamizador de la actividad productiva y la inversión. Abordará los principales obstáculos detectados para su construcción efectiva, profundizando en los relacionados con la seguridad jurídica y la apropiación nacional de las normas comunitarias. Se analizarán las herramientas existentes para superar este problema (SMET, Solvit, EUPilot) y se va lorará la reciente incorporación de la dimensión del Mercado Único en el Informe del Estado de Derecho de 2025. Recibido: 20 abril 2026 Aceptado: 25 mayo 2026
Esta Crónica analiza los desarrollos más sobresalientes de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en el primer semestre de 2026. A título introductorio se hace referencia a algunos presupuestos de la aplicación del Derecho de la Unión como son el procedimiento de reexamen de sentencias prejudiciales del Tribunal General, la prioridad que debe darse a las cuestiones prejudiciales europeas o a las cuestiones de inconstitucionalidad, los límites en la aplicación judicial del Derecho de la Unión cuando se prevén motivaciones sucintas de las sentencias en materia de extranjería o, en fin, la manera de depurar los nombramientos sistemáticos e irregulares, incumpliendo el Derecho de la Unión, de unos 3.000 jueces polacos. En una primera parte expongo algunos desarrollos jurisprudenciales del Derecho de la Unión, en particular en relación con la interpretación de la Carta, las libertades económicas fundamentales, el mercado europeo, la armonización europea de las legislaciones nacionales y la proyección exterior de las competencias de la Unión. En una segunda parte abordo de manera exhaustiva las respuestas a recursos o reenvíos remitidos desde España y que tienen interés porque, por una parte, el Tribunal de Justicia ha inadmitido alguna cuestión prejudicial por no haber explicado el contexto y en otros casos el Tribunal de Justicia corrige al Tribunal General en relación con el procedimiento relativo a la inmunidad de los europarlamentarios. También ha sido especialmente trascendental la última sentencia relativa a los remedios previstos para aplicar la Directiva sobre contratos de duración determinada a los empleados públicos. Asimismo, recuerdo las cuestiones de especial interés en cuanto a la armonización de las normas nacionales sobre contratación pública y por lo que se refiere a las deducciones y a las exenciones previstas para la aplicación del IVA.
