Este trabajo analiza la relación entre los académicos y los hacedores de políticas públicas en materia de lucha contra la corrupción en la Argentina, abriendo el interrogante sobre qué tipo de especificidades de la temática en cuestión inciden en la naturaleza y en la modalidad de dicho vínculo. Se mostrará que la politización de la corrupción, su judicialización, la ausencia de “corruptólogos” y la dificultad en la producción de datos imposibilitan una interacción fluida entre ambos sectores. Finalmente, se da cuenta de una iniciativa, la creación de una Red de Investigadores sobre Integridad y prevención de la Corrupción, creada en 2020, que pudo sortear muchos de los obstáculos mencionados. La investigación recurre a una metodología de tipo cualitativa, que combina la revisión de literatura especializada y la realización de entrevistas semi-estructuradas a informantes clave.
Este artículo analiza la corrupción sistémica en México como particularismo competitivo (Mungiu-Pippidi, 2006, 2017), mediante el modelo ELIT-MX (análisis documental, ARS y coyuntura). El objetivo es examinar la persistencia de redes de élites híbridas que capturan rentas públicas pese a alternancias y reformas. El caso crítico bajo estudio en la industria de fertilizantes (México 1988-2016) revela un ciclo completo: privatización subvaluada, rescates estatales y recompra sobrevalorada según la ASF. El ARS (74 nodos, 215 vínculos) revela una red de baja densidad (0,039), alta cohesión (clustering 0,321) y centralidad dominante de un miembro clave de la élite económica. Se concluye que las políticas anticorrupción han tenido un impacto limitado por centrarse en actos aislados (“árbol”) en lugar de redes relacionales (“bosque”), proponiendo un uso intensivo de ARS en auditorías y prohibición de puertas giratorias.
Este artículo analiza cómo la articulación del lawfare en el Caso Sobornos 2012-2016 en Ecuador distorsionó los mecanismos de rendición de cuentas y debilitó las capacidades estatales para combatir la corrupción real al transformar la política anticorrupción en un instrumento de persecución política. Mediante un estudio de caso único con enfoque cualitativo y análisis de contenido de documentos oficiales, prensa e informes de veeduría, la investigación identifica empíricamente la operatividad de las dinámicas de lawfare. Los resultados revelan que el caso, lejos de fortalecer la lucha contra la corrupción, generó un circuito de vaciamiento institucional que erosionó tanto la capacidad real de la rendición de cuentas horizontal como vertical, cuyo resultado es un deterioro de la eficacia institucional contra la corrupción real, lo que implica graves riesgos para la democracia en su rol de controlar el poder político.
La región de las Américas presenta un marcado contraste: mientras varios países de América Latina arrastran un legado histórico de corrupción sistémica, Estados Unidos y Canadá suelen caracterizarse por un estado de derecho más sólido. La evidencia muestra que no es posible trasladar mecánicamente las instituciones ni las políticas anticorrupción de estos dos países al contexto latinoamericano, sino que deben desarrollarse orgánicamente. Por ello, este dosier se concentra en América Latina y reúne diversas perspectivas analíticas y metodológicas para examinar los retos que enfrenta la región, así como para formular preguntas orientadas a comprender mejor las relaciones entre poder, instituciones y ciudadanía, así como el diseño de políticas públicas. Este artículo introductorio ofrece, primero, una panorámica del contexto actual de la corrupción y la anticorrupción en las Américas y, después, presenta una síntesis de los artículos que integran el dosier.
El artículo analiza cómo los procesos de modernización institucional de finales de siglo XX generaron condiciones para la ocurrencia de tres casos de corrupción en Costa Rica: el desfalco de FODESAF, el caso Caja-Fischel y el caso ICE-Alcatel. A partir de una metodología cualitativa de análisis documental institucional, legal y de prensa, se examinan las transformaciones administrativas y su impacto en los casos de corrupción. Se concluye que, ante la ausencia de un proyecto claro de modernización, el diseño institucional facilitó prácticas corruptas. La flexibilidad administrativa, la politización de las cúpulas decisorias y la dependencia de actores privados fueron instrumentalizados para favorecer intereses particulares y debilitar mecanismos de control.
