Costa Rica ha sido señalado como un caso excepcional en Centroamérica, especialmente por la temprana abolición del ejército, su institucionalidad democrática y el apuntalamiento de la legislación de derechos humanos en la región. No obstante, estos reconocimientos no se han visto reflejados en otros campos, como el de la legislación punitiva y las prisiones. Fue a partir de la década de 1990 cuando las cifras de población carcelaria en Costa Rica empezaron a aumentar hasta llegar a colocarse en los últimos años entre los primeros veinte países con mayor encarcelamiento. En este articulo elaboro una explicación sobre este fenómeno a partir de la revisión documental de los expedientes de cuatro reformas legislativas con mayor impacto en el aumento de la población penitenciaria costarricense. Al atender los debates, las decisiones de los agentes legislativos y su inclinación hacia las soluciones de mayor extensión y severidad penal, fue posible hallar una tensión no resuelta entre el ímpetu reformista, la desconfianza hacia la cárcel como método de control social y la imposibilidad de pensar en medidas alternativas. Así, la novedad que buscaban los legisladores terminó en una «inercia del pasado» donde la innovación consistió en regresar a un ya conocido modelo penal intransigente y severo.
Mediante una relectura de los estudios del control social a la luz de nociones de la teoría urbana crítica, el artículo propone como hipótesis que la producción de «espacio urbano» incluye una dimensión paraurbanística. Para estudiar dicha dimensión del fenómeno, se propone la categoría «control urbano» y el objetivo es identificar y analizar las características que éste asumió en el contexto de una política urbana orientada a la transformación estética y funcional del «espacio público» durante tres gestiones del partido Propuesta Republicana (2007-2019) en la ciudad de Buenos Aires. La metodología empleada consiste en el análisis descriptivo e interpretativo de un corpus de normativas y documentos oficiales. Luego de reconstruir las modificaciones introducidas por el oficialismo local en la normativa contravencional y las «estrategias de control urbano» implementadas, se concluye que durante el período estudiado el «control urbano» se caracterizó por la combinación de prácticas punitivas tradicionales con otras más novedosas enmarcadas en una «moral urbana hegemónica»: mediante esquemas de legitimidad e ilegitimidad, se apunta a reducir la «complicidad» de los «exteriores urbanos» con la realización de prácticas catalogadas como indebidas, protagonizadas por los sectores populares.
Presentaré un relato personal de la hipótesis que afirma que el comportamiento criminal está causado por la asociación diferencial.Esta será una biografía de la hipótesis y un informe sobre su estado actual o su ascenso y declive.Es una historia de confusión, incoherencias, reconocimiento tardío de significados implícitos y de muchos préstamos y estímulos por parte de colegas y estudiantes.La hipótesis ha cambiado con rapidez y frecuencia, por lo que estoy doblemente agradecido, en primer lugar, porque la hipótesis, en cualquier caso, no está muerta, y en segundo lugar porque he podido retractarme de muchas ideas sobre ella antes de que fueran publicadas.Mi trabajo sistemático en criminología comenzó en 1921, cuando E. C. Hayes, jefe
