Este trabajo forma parte de un proyecto mucho más amplio, aún en construcción, referido a la forma-esclavitud y la servidumbre penal que estará vinculado a desentrañar las raíces de un movimiento abolicionista que tuvo en su germen, precisamente, la lucha contra esas relaciones de superioridad humana basadas en un principio de subordinación. Será necesario para ello acudir a disciplinas que, como la historia, la antropología y la sociología, pusieron de manifiesto la construcción sesgada de un conocimiento penal y criminológico que, salvo excepciones (como las de la Criminología crítica, pero tampoco ésta de un modo completo) consideraron muy poco a las poblaciones a las que mayoritaria y planetariamente se dirigieron las ciencias penales. También se planteará una gran deuda de la mencionada crítica criminológica: la falta de consideración estructural de las categorías del colonialismo y del racismo como veremos. Y, como se verá, ambas categorías tienen contornos en el presente que parecen acelerar aún más el potencial destructivo que llevan en su seno.
Este artículo analiza críticamente la política criminal aplicada al sexo comercial en España desde la aprobación del Código Penal de 1995, reconstruyendo los principales marcos interpretativos que han orientado la intervención pública en este ámbito. A partir del Critical Frame Analysis (CFA) y la teoría feminista crítica del Derecho, el trabajo examina normas penales, administrativas y documentos para-normativos para identificar cómo se define institucionalmente el "problema" del sexo comercial y qué respuestas político-criminales se presentan como legítimas. El análisis muestra que la intervención estatal responde a la coexistencia y sedimentación de tres frames: autonomía individual, orden público y violencia sexual. El frame de la violencia sexual proporciona legitimación discursiva, mientras que el frame de orden público articula mecanismos de sanción y control espacial. El artículo propone la imagen del caleidoscopio para describir este funcionamiento: cada frame fija los elementos interpretativos que hacen visibles ciertos aspectos del fenómeno y oscurecen otros. El resultado es un entramado en el que el discurso de protección opera como justificación de la expansión penal: los instrumentos diseñados en nombre de la tutela generan efectos de criminalización sobre las propias personas a quienes el discurso institucional dice proteger, invisibilizándolas como sujetos políticos y jurídicos.
Este trabajo forma parte de un proyecto mucho más amplio, aún en construcción, referido a la forma-esclavitud y la servidumbre penal que estará vinculado a desentrañar las raíces de un movimiento abolicionista que tuvo en su germen, precisamente, la lucha contra esas relaciones de superioridad humana basadas en un principio de subordinación. Será necesario para ello acudir a disciplinas que, como la historia, la antropología y la sociología, pusieron de manifiesto la construcción sesgada de un conocimiento penal y criminológico que, salvo excepciones (como las de la Criminología crítica, pero tampoco ésta de un modo completo) consideraron muy poco a las poblaciones a las que mayoritaria y planetariamente se dirigieron las ciencias penales. También se planteará una gran deuda de la mencionada crítica criminológica: la falta de consideración estructural de las categorías del colonialismo y del racismo como veremos. Y, como se verá, ambas categorías tienen contornos en el presente que parecen acelerar aún más el potencial destructivo que llevan en su seno.
Este artículo sobre la política criminal brasileña presenta análisis críticos de discursos provenientes de la bancada policial activa en el Congreso Nacional, acerca del Proyecto de Ley 714/2023. La elección de este proyecto se justifica, aunque sea discutido únicamente en la Cámara de Diputados, porque prevé la abolición selectiva de la libertad provisional durante la instrucción criminal. A partir de la propuesta metodológica de Teun van Dijk, el problema de investigación aquí delineado analiza cómo los discursos de esa bancada representan un retroceso penal, ya que actúan en el sentido de desmantelar el ordenamiento jurídico garantista. Se analizaron seis discursos de parlamentarios policiales, divididos en dos sesiones plenarias que tuvieron lugar en noviembre de 2024. El objetivo fue explicitar una "demanda autoritaria neopunitivista" y cómo se organiza de forma antijurídica. Otro objetivo de este artículo fue producir un análisis desde un enfoque económico, presentando la correlación actual entre neoliberalismo y punitivismo. La hipótesis, confirmada al final, es que la bancada policial reproduce la racionalidad neoliberal que demanda un "giro represivo" aún más radicalizado, llegando incluso a desrespetar el propio marco normativo. Los principales resultados de este estudio indicaron un menosprecio por las garantías penales por parte de los parlamentarios policiales que defendieron propuestas antijurídicas de recrudecimiento procesal penal.
