Esta investigación analizó el derecho a la consulta previa, libre e informada del pueblo kichwa de Sarayaku, a partir de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Sarayaku vs. Ecuador. El objetivo fue examinar el alcance del estándar interamericano de consulta previa y su aplicación en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, mediante un análisis comparativo de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas reconocidos en la Constitución de 1978, codificada en 1993 y reformada en 1996, así como en las Constituciones de 1998 y 2008. La investigación tuvo un enfoque cualitativo, sustentado en la revisión documental del marco normativo nacional e internacional y de la jurisprudencia interamericana sobre derechos de participación, derechos colectivos indígenas y derechos de la naturaleza frente a la explotación de recursos naturales no renovables. Los resultados evidenciaron que, pese al reconocimiento jurídico de la consulta previa en Ecuador, persisten dificultades para su implementación efectiva en territorios indígenas afectados por actividades extractivas. Además, el análisis incorporó una perspectiva penal sobre los daños ocasionados al territorio indígena y al ambiente como bienes jurídicos colectivos, así como la reparación integral ordenada por la Corte Interamericana desde los principios de la justicia restaurativa. Se concluyó que la eficacia de la consulta previa continúa limitada en su aplicación práctica y en la materialización de medidas de reparación integral para las comunidades afectadas.
El presente artículo analiza los fundamentos de la filosofía del derecho en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, con el objetivo de exponer sus conceptos centrales y evaluar su pertinencia frente a los desafíos del pensamiento jurídico contemporáneo. A través de una metodología hermenéutica y analítica, se examinan los cuatro elementos esenciales de la definición tomista de ley, la racionalidad, la orientación al bien común, la autoridad legítima y por último la promulgación, así como la jerarquía normativa que articula la ley eterna, la ley natural y la ley humana. Se analiza además la noción de derecho como ipsa res iusta, la distinción entre derecho natural, derecho de gentes y derecho positivo, y el papel del bien común como criterio de legitimidad jurídica. El artículo concluye que el tomismo no constituye un sistema filosófico anacrónico, sino una tradición de pensamiento capaz de ofrecer respuestas a los problemas que plantean el positivismo jurídico, el relativismo normativo y las tensiones entre poder y justicia que caracterizan la reflexión jurídica actual.
La irrupción de la inteligencia artificial (IA) en la gobernanza hídrica configura una paradoja constitucional inédita: mientras sus aplicaciones prometen optimizar el monitoreo y la distribución del agua, su infraestructura computacional demanda volúmenes crecientes del recurso, tensionando los principios del constitucionalismo ecológico ecuatoriano. El presente trabajo examina, desde el pensamiento de Boaventura de Sousa Santos y los marcos teóricos de la justicia cognitiva y el pluralismo jurídico, la compatibilidad entre esa incorporación tecnológica y el orden jurídico del Ecuador. Metodológicamente se articula un enfoque sistémico-estructural-funcional con un método hermenéutico-crítico y un análisis jurisprudencial comparado (Estados Unidos, Chile y Ecuador), complementado con evidencia empírica reciente sobre el consumo hídrico de los centros de datos. Los hallazgos sugieren que la IA reproduce lógicas extractivistas cuando opera al margen de los saberes locales e indígenas, genera tensiones sustantivas con el derecho humano al agua (art. 12 CRE), los derechos de la naturaleza (arts. 71-74 CRE) y el principio de precaución, y que el ordenamiento ecuatoriano ofrece vías jurisdiccionales idóneas para tutelar tales derechos frente a los riesgos tecnológicos. Se propone, en consecuencia, un modelo de gobernanza hídrica plural sustentado en el diálogo de saberes, la corresponsabilidad intercultural y la exigibilidad constitucional, como vía de reconstrucción epistemológica y normativa del derecho ambiental orientada al bien común y al equilibrio ecosistémico.
El ejercicio de la abogacía en Colombia ha atravesado una transformación profunda, pasando de prácticas caracterizadas por el expediente físico y el trabajo manual a entornos progresivamente mediados por tecnologías digitales. Este artículo reflexiona sobre dicha evolución bajo la metáfora de la pluma fuente a la inteligencia artificial, examinando cómo las tecnologías de la información y, especialmente, la inteligencia artificial, han redefinido las dinámicas profesionales y éticas del derecho en el país. Se revisa la práctica jurídica tradicional, marcada por la centralidad del papel, la escritura manual y el rol del abogado como productor de textos jurídicos. Posteriormente, se analiza la transición hacia lo digital, impulsada por computadores, bases de datos y sistemas de gestión judicial. Este proceso se aceleró durante la pandemia del Covid-19, que convirtió la virtualidad en requisito para audiencias y trámites, evidenciando tanto el potencial de estas herramientas para garantizar la continuidad del servicio como las desigualdades existentes en el acceso a la conectividad y, por ende, a la justicia digital. Se aborda también la irrupción de la IA en el campo jurídico, visible en la automatización documental, el análisis jurisprudencial y la asesoría legal algorítmica, prometiendo mayor eficiencia, pero también planteando riesgos asociados a sesgos, errores y alucinaciones. Finalmente, se concluye que la transición tecnológica no implica sustituir lo humano por lo digital, sino reconfigurar la profesión. La abogacía enfrenta el reto de integrar innovación, ética y juicio crítico, orientando el uso de la IA hacia la protección de derechos y una justicia más equitativa.
The right to be forgotten has become one of the most relevant legal responses to the indefinite retention of personal information online. This article analyzes its content, limits, and conditions for its exercise from a comparative perspective between Spain and Peru. Methodologically, it combines a doctrinal review of open-access academic literature with a normative and jurisprudential analysis. The study argues that the right to be forgotten is not equivalent to erasing history or a general power of censorship, but rather a right to protect personal data aimed, above all, at limiting the disproportionate and targeted search of inaccurate, decontextualized, irrelevant, or excessive information. In Spain, the model has received explicit recognition and relatively stable criteria based on the GDPR, Organic Law 3/2018, and the Costeja case law. In Peru, although Law 29733 does not explicitly address it, the current framework has evolved through administrative regulations, constitutional jurisprudence, and the regulations approved by Supreme Decree 016-2024-JUS, which incorporates de-indexation. It is concluded that the Peruvian system still requires more precise legislative formulation and a more consistent balancing test against freedom of expression.
