La gestación subrogada transnacional plantea desafíos significativos para los Estados del continente americano, especialmente en materia de inscripción y reconocimiento de la filiación de infantes nacidos en el extranjero. Se realizó una investigación con el objetivo de analizar la forma a través de la cual los Estados de América equilibran el principio de soberanía con la obligación internacional de reconocer la identidad jurídica del menor nacido por subrogación en el extranjero. Se realizó una revisión documental descriptiva y analítica a través del método dogmático-comparado para examinar las convergencias y divergencias normativas entre distintos ordenamientos. Los resultados evidenciaron tres modelos de respuesta estatal: (1) reconocimiento pleno, basado en el interés superior del menor, (2) reconocimiento condicionado, que combina estándares internos con obligaciones internacionales, y (3) modelo restrictivo, centrado en la prevalencia del orden público. La mayoría de los países latinoamericanos se ubica en los modelos condicionados o restrictivos. Asimismo, se constató que la fragmentación normativa genera riesgos de apatridia e indocumentación. Por ende, se considera necesario avanzar hacia directrices regionales que garanticen la identidad de la persona nacida sin interferir en la política interna sobre la licitud de la subrogación
La Inteligencia Artificial (IA) en la gestión tributaria ha permitido reflexionar sobre la necesidad de la transformación digital en los sistemas fiscales, debido a su influencia en los procesos como la recaudación, el control del cumplimiento tributario, a la vez que garantiza la transparencia y la agilización de los procesos. El objetivo de la investigación fue analizar las limitaciones técnicas, normativas, institucionales y éticas que influyen en la toma de decisiones sobre el uso de la IA en los procesos fiscales. Se llevó a cabo un estudio de enfoque cualitativo y diseño documental que analizó 60 investigaciones entre los años 2019 a 2025, utilizando el proceso establecido en la Declaración PRISMA. Los resultados evidencian que la IA está siendo contemplada como alternativa relevante en procesos propios de la gestión tributaria, aunque prevalecen limitaciones en el establecimiento de marcos regulatorios consecuentes con la transparencia fiscal, la formación del capital humano y la falta de estrategias de gobernanza digital que garanticen la adopción responsable y sostenible de la IA.
La violencia obstétrica constituye una vulneración grave de los derechos humanos y reproductivos de las mujeres, expresada en prácticas deshumanizantes durante el embarazo, el parto y el posparto. Este artículo tiene como objetivo analizar la violencia obstétrica en la atención de la maternidad en Colombia y Perú, dentro del marco de los derechos humanos y de la prestación de los servicios de salud, integrando el desarrollo normativo y las experiencias de las mujeres en los espacios asistenciales. Mediante un enfoque cualitativo sustentado en un paradigma hermenéutico, un diseño inductivo y el uso de la Teoría Fundamentada, se realizaron entrevistas semiestructuradas a mujeres atendidas en instituciones sanitarias de ambos países entre 2022 y 2024; la información fue procesada en ATLAS.ti 22 con triangulación y criterios éticos de la Declaración de Helsinki. Los hallazgos evidencian episodios reiterados de trato irrespetuoso, intervenciones sin consentimiento y barreras institucionales que profundizan brechas estructurales, afectando especialmente a mujeres en condiciones de mayor vulnerabilidad sociocultural. El estudio aporta un análisis jurídico-comparado que articula estándares internacionales de derechos humanos, marcos normativos internos y testimonios de las afectadas, identificando vacíos regulatorios y falencias en la implementación de políticas sobre parto respetado. Se concluye que tanto Colombia como Perú requieren fortalecer la formación del personal sanitario, consolidar mecanismos de vigilancia efectiva y garantizar la humanización del parto como eje central de la protección de los derechos reproductivos.
La filosofía del derecho y la teoría económica han abordado el problema de su sujeto de manera separada, sin advertir que comparten el mismo fundamento epistemológico. Este artículo llena esa brecha rastreando la genealogía común de ambas figuras y nombrando la operación que las produce. Se propone que el homo economicus y el homo juridicus son el resultado de un mismo vaciamiento epistemológico: la sustracción metodológica de los elementos que constituyen al hombre como ser natural y social, seguida de su construcción como sujeto de soberanía —operación denominada secuestro de información —. Con el método filosófico-reflexivo se contrasta la economía política — neoclásica y keynesiana— con el positivismo jurídico — Kelsen, Hart, Ferrajoli—. Los resultados muestran que ambas figuras son producidas por el vaciamiento previo del hombre natural, operación que justifica la intervención soberana. El aporte central es demostrar que estas tradiciones comparten el mismo modelo antropológico de raíz hobbesiana: el individuo carece de telos propios y recibe su finalidad desde la institución soberana que produce el vacío que luego ocupa. Toda teoría que no examine las condiciones de producción de su titular opera sobre un fundamento que su propio marco difícilmente puede sostener
The rapid integration of artificial intelligence (AI) into the insurance sector raises significant legal concerns regarding the allocation of liability, algorithmic transparency, and consumer protection. This study employs a doctrinal and comparative legal methodology to examine the regulation of AI-based insurance systems in the United Arab Emirates and Saudi Arabia, using international standards as a reference, particularly Article 22 of the General Data Protection Regulation and certain regulatory approaches in the United States. The analysis identifies a central doctrinal problem: the fragmentation of liability among insurers, software developers, and automated decision-making systems. The findings reveal that the current legal frameworks in both jurisdictions lack clear rules on the allocation of liability, offer limited guarantees of algorithmic transparency, and do not ensure effective redress mechanisms for consumers. These deficiencies contribute to regulatory inconsistency and increase the risk of discriminatory outcomes in underwriting and claims management. The study contributes to the legal literature by developing a doctrinal framework that conceptualizes the fragmentation of liability in AI-assisted insurance and proposes a reform model based on the principles of fairness, accountability, transparency, and explainability (FATE) as enforceable legal standards.
El presente trabajo analiza la teoría de la “Constitución de la Tierra” propuesta por Luigi Ferrajoli, en el marco de una crisis global que amenaza la existencia misma de la humanidad. El objetivo principal es examinar, desde una perspectiva iusfilosófica, los fundamentos de una nueva teoría jurídica de alcance planetario, que permita afrontar los retos universales como el cambio climático, la pobreza, la desigualdad, la guerra y la precarización del trabajo. Razón por la cual, el presente estudio está basado en el análisis teórico desde las fuentes jurídico-filosóficas, desde una investigación documental, precisando cómo diversos autores desde Kant y culminando en el profesor Luigi Ferrajoli, dan forma a una Constitución de la Tierra, empero este último desde un garantismo global. A partir de dicho análisis, el proyecto de una “Constitución Mundial o de la Tierra” se presenta como modelo institucional, una propuesta que da sentido a los derechos fundamentales y a los bienes comunes, que en su deber ser, necesitan una concreción de garantías por parte de las instituciones, la sociedad, etc., que sean capaces de advertir las consecuencias jurídicas en un marco supranacional. El interés del modelo reside en su exigencia de rigidez constitucional y en la necesidad de una esfera pública supranacional sometida a la legalidad, precisamente para limitar los márgenes de discrecionalidad donde hoy se concentran poderes y riesgos que exceden la escala estatal. Su alcance, por tanto, debe evaluarse en función de condiciones jurídicas concretas de implementación y cumplimiento, más que por su formulación como ideal normativo.
El conflicto armado en las zonas rurales del Caribe colombiano deterioró la transmisión intergeneracional de saberes ancestrales y fragmentó el tejido social, afectando el ejercicio de los derechos culturales colectivos. El objetivo de este estudio fue analizar cómo el tejido de hamacas en San Jacinto y Morroa se articula con la garantía de dichos derechos. La metodología empleada fue de carácter cualitativo, con enfoque etnográfico y diseño de estudio de caso. Se trabajó con una muestra intencionada de 14 artesanos, a quienes se aplicaron técnicas de observación participante, grupo focales; además, revisión documental jurídica. El análisis interpretativo permitió identificar la relación entre la práctica artesanal, la noción de sujeto histórico y la agencia comunitaria. Los resultados evidencian que el tejido artesanal constituye un mecanismo de preservación cultural y de ejercicio de derechos reconocidos en la Constitución Política de Colombia (arts. 7, 8 y 70), en la Convención de la UNESCO para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (2003) y en la Ley General de Cultura (Ley 397 de 1997). Asimismo, se determinó que el tejido de hamacas fortalecía la cohesión social y operaba como forma de reparación simbólica, en consonancia con la Ley 1448 de 2011. En conclusión, el tejido de hamacas es un medio para garantizar los derechos culturales, la transmisión de saberes ancestrales y la reconstrucción social, con implicaciones significativas para el diseño de políticas públicas interculturales y procesos de justicia cultural en Colombia.
Se presenta un análisis crítico e interdisciplinario de la política tributaria vigente en Colombia sobre bebidas alcohólicas desde un enfoque hermenéutico interpretativo, centrándose en la tributación a la importación de vino y sus implicaciones para la equidad, la eficiencia y la legalidad en el mercado interno, explora la evolución de las cargas tributarias y la coexistencia de impuestos específicos y “Ad Valorem”, este sistema dual crea incentivos no deseados para que los consumidores opten por productos de mayor graduación alcohólica o de menor calidad. Desde una perspectiva económica, estos impuestos sirven como mecanismos regulatorios destinados a internalizar los costos sociales asociados al consumo excesivo de alcohol, como los impactos en la salud pública y los gastos sociales. Sin embargo, la estructura de Colombia se ve compleja por la captura regulatoria de los monopolios departamentales, lo que socava la competencia leal y la transparencia del mercado. El análisis jurídico aborda los principios constitucionales de igualdad, equidad y libre competencia, y hace referencia a la jurisprudencia reciente que cuestiona prácticas tributarias proteccionistas y discriminatorias. El artículo examina la asimetría de la información y la demanda inelástica de alcohol, especialmente entre grupos vulnerables como los jóvenes y las poblaciones de bajos ingresos, lo que limita la eficacia de las medidas tributarias actuales. En conclusión, se aboga por una reforma tributaria que priorice impuestos especiales específicos calibrados según el contenido de alcohol, junto con una aplicación más estricta de la ley contra la evasión fiscal y el comercio ilícito.
Se aborda la justicia transicional como un modelo en tensión entre la respuesta a violaciones graves a los derechos humanos y la construcción de un orden social legítimo tras prolongados periodos de violencia a gran escala, con déficits de capacidad institucional para responder a ello. El objetivo es analizar y sistematizar sus dimensiones, identificar condiciones de eficacia y proponer lineamientos operativos que integren sus componentes, para contribuir a la construcción de una teoría de la justicia transicional en la que se contemplen derechos sociales, económicos y culturales. Se adopta un enfoque que combina revisión crítica de literatura y marcos jurídicos, análisis comparado de trayectorias históricas, organización de ejes conceptuales y una aproximación operativa con métricas e indicadores. Entre los principales hallazgos, se muestra que la eficacia depende de la interdependencia real de cuatro pilares del modelo de justicia transicional: acceso a la justicia, verdad, reparación y no repetición. Laincorporación sustantiva de derechos sociales, económicosy culturales es condición para prevenir recurrencias, exige secuencias de implementación temporal claras, participación significativa de víctimas, coordinación interinstitucional y evaluación periódica con metas verificables. La implementación del modelo de justicia transicional, demanda traducir principios en instrumentosmedibles, orientados a restaurar confianza cívica y avincular justicia, memoria y reformas institucionalespara enfrentar legados de vulneración de los derechoshumanos. Se concluye que una implementación integral,flexible y sujeta a estándares, gobernanza y monitoreo, responde al objetivo de la justicia transicional y favorece la paz sostenible.
Artificial Intelligence (AI) in tax administration has prompted reflection on the need for digital transformation in tax systems, given its influence on processes such as tax collection and compliance monitoring, while also ensuring transparency and streamlining processes. The objective of this research was to analyze the technical, regulatory, institutional, and ethical limitations that influence decision-making regarding the use of AI in tax processes. A qualitative, documentary-style study was conducted, analyzing 60 research projects between 2019 and 2025, using the process established in the PRISMA statement. The results show that AI is being considered a relevant alternative in tax administration processes, although limitations persist in establishing regulatory frameworks consistent with tax transparency, developing human capital, and implementing digital governance strategies that guarantee the responsible and sustainable adoption of AI.
This paper analyzes Luigi Ferrajoli's theory of the "Constitution of the Earth" in the context of a global crisis that threatens the very existence of humanity. The main objective is to examine, from a legal-philosophical perspective, the foundations of a new legal theory with a planetary scope, which would allow us to face universal challenges such as climate change, poverty, inequality, war, and job insecurity. The study is based on a theoretical examination of philosophical and legal sources, developed through documentary analysis, to clarify how Ferrajoli formulates global guarantees. For this reason, the present study is based on theoretical analysis from legal and philosophical sources, as well as documentary research, specifying how various authors, from Kant to Professor Luigi Ferrajoli, have formulated a Constitution of the Earth, although the latter does so from a global perspective of guarantees. Based on this analysis, the project of a "World or Earth Constitution" is presented as an institutional model, a proposal that gives meaning to fundamental rights and common goods, which, in their ideal form, require concrete guarantees from institutions, society, etc., capable of addressing the legal consequences within a supranational framework. Its scope, therefore, must be evaluated in terms of specific legal conditions of implementation and compliance, rather than its formulation as a normative ideal.
Transnational surrogacy poses significant challenges for States in the Americas, particularly regarding the registration and recognition of the parentage of children born abroad. This research was conducted to analyze how States in the Americas balance the principle of sovereignty with the international obligation to recognize the legal identity of children born through surrogacy abroad. A descriptive and analytical documentary review was carried out using the dogmatic-comparative method to examine normative convergences and divergences among different legal systems. The results reveal three models of State response: (1) full recognition, based on the best interests of the child; (2) conditional recognition, which combines domestic standards with international obligations; and (3) a restrictive model, focused on the prevalence of public policy considerations. Most Latin American countries fall within the conditional or restrictive models. Additionally, normative fragmentation was found to generate risks of statelessness and a lack of documentation. Therefore, it is considered necessary to move toward regional guidelines that guarantee the child's identity without interfering with domestic policy on the legality of surrogacy
Obstetric violence constitutes a serious violation of women's human and reproductive rights, manifested through dehumanizing practices during pregnancy, childbirth, and the postpartum period. This article aims to analyze obstetric violence in maternity care in Colombia and Peru within the framework of human rights and healthcare delivery, integrating both regulatory developments and women's experiences in healthcare settings. Using a qualitative approach grounded in a hermeneutic paradigm, an inductive design, and the principles of Grounded Theory, semi-structured interviews were conducted with women who attended health institutions in both countries between 2022 and 2024; the information was analyzed using ATLAS.ti 22, applying triangulation and the ethical standards outlined in the Declaration of Helsinki. The findings reveal recurrent episodes of disrespectful treatment, non-consensual interventions, and institutional barriers that deepen structural inequalities, particularly affecting women in conditions of greater sociocultural vulnerability. The study offers a legal-comparative analysis that articulates international human rights standards, domestic regulatory frameworks, and women's testimonies, identifying normative gaps and shortcomings in the implementation of respectful childbirth policies. It concludes that both Colombia and Peru require strengthened training of healthcare personnel, the consolidation of effective oversight mechanisms, and the prioritization of childbirth humanization as a fundamental axis for protecting reproductive rights.
This study examines how voluntary intellectual property (IP) waivers can operate within a hybrid legal environment in which international IP obligations intersect with Islamic traditions of charity. Using a triangulated doctrinal-comparative method encompassing international treaties, national legislation, and Islamic jurisprudence, the research evaluates the classification of moral and economic rights and the feasibility of allocating IP economic interests to the public benefit. The findings reveal strong convergence between systems regarding the inalienability of moral rights and the transferability of economic rights, while identifying tensions related to the finite duration of IP protection and the valuation of intangible assets. A hybrid endowment-licensing mechanism emerges as the doctrinally coherent and practically scalable solution, supported by sectoral projections indicating development benefits, including increased access to educational resources, reduced costs of essential medicines, and strengthened digital infrastructure. The study proposes an Integrated Waiver Framework that articulates normative, legal, and institutional dimensions and recommends legislative recognition of IP as a socially deployable asset, the establishment of a registration mechanism, and phased national implementation. The results demonstrate that voluntary IP waiver can function as a culturally grounded, innovation-oriented strategy to promote equitable knowledge governance and inclusive social development.
El artículo examina el derecho humano a la verdad desde una fundamentación moral-crítica y su concreción en verdad histórica e institucional, analizando obligaciones estatales y tensiones operativas en el derecho contemporáneo. Su objetivo es demostrar, con base en hitos normativos y jurisprudenciales del Derecho Internacional Público, que el derecho a la verdad opera como titularidad autónoma con dimensiones individual y colectiva, que genera obligaciones para los Estados de producir verdad jurídica mediante mecanismos institucionales específicos. El diseño metodológico parte de una investigación cualitativa, documental y crítico-argumentativa, con enfoque hermenéutico-analítico; integra revisión filosófico-epistemológica, reconstrucción histórico-jurídica y análisis jurisprudencial comparado. Se propone una periodización (teocrática, epistemológica, procesal y de Derechos Humanos) que muestra el tránsito desde concepciones absolutas de verdad hasta el reconocimiento del derecho a la verdad en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El texto demuestra que la verdad moral-histórica como derecho humano exige del Estado obligaciones como investigación efectiva, preservación de memoria, apertura de archivos y participación de víctimas, generando como producto institucional la verdad jurídica. Se concluye que la tensión entre verdad material como ideal regulativo y verdad procesal como límite operativo exige diseños institucionales flexibles; la conceptualización del derecho a la verdad como derecho humano autónomo fortalece la arquitectura de justicia y fundamenta obligaciones estatales concretas de investigación, reparación y garantías de no repetición
Derechos humanos y vida con dignidad, son un hibrido constitutivo de un complejo ontológico, axiológico y que se concreta por la efectividad de sus realizaciones. Lo que adquiere espesor en varios sentidos; por la multidiversidad de derechos, diferentes e importantes todos para la dignidad humana como el derecho a la vida, a la libertad, al trabajo, la nacionalidad, la seguridad, entre otros, así como también por sus reconocimientos en el orden internacional, y en la ejecutoría política, tanto por los tránsitos de la abstracción, el diseño de instituciones, las rutinas administrativas y las prácticas cotidianas. En un mundo interdependiente, la experiencia reciente confirma que lo que parecía separado está entramado, esta constatación demanda lecturas interdisciplinares y colaborativas, capaces de reconocer la pluralidad de contextos y vulnerabilidades en juego. En consecuencia, se necesitan reflexiones que hagan visibles límites, responsabilidades y traducciones prácticas de los derechos, más que un catálogo de soluciones cerradas. Desde esa sensibilidad, la vida con dignidad se perfila como horizonte interpretativo para tratar diferentes frentes que hoy reconfiguran la ciudadanía material, haciendo un ápice específico para; la igualdad de género con la prevención de violencias, la salud y sus coberturas, la expansión de sistemas de inteligencia artificial (IA), y la gestión pública en su ejercicio para estas diversas construcciones.
Dentro de los problemas sociales más grandes que afronta la sociedad peruana está la corrupción, aquella que destruye la confianza ciudadana y desestabiliza el Estado de Derecho, manifestándose desde pequeños sobornos hasta grandes fraudes en la gestión pública. Esto ha generado la demanda de sanciones más severas y ejemplificadas, entre ellas la denominada “muerte civil”, la cual cae bajo el significado de la inhabilitación perpetua que restringe el uso de derechos civiles y políticos de funcionarios que hayan sido condenados por actos de corrupción durante su mandato. Bajo esta premisa se formuló el siguiente objetivo general: analizar la efectividad de la pena de muerte civil como mecanismo sancionador de los delitos funcionales de los servidores públicos en el Estado Peruano. La investigación adopta un enfoque cualitativo de nivel descriptivo, y con técnica hermenéutica, orientado a analizar el marco normativo, doctrinal y comparado sobre la aplicación de la inhabilitación con especial referencia al Decreto Legislativo N° 1243. Los resultados evidencian que esta medida responde a una fuerte demanda social por mayor firmeza en la lucha contra la corrupción, al impedir que los funcionarios condenados vuelvan a ocupar cargos públicos. Se concluye en resaltar la importancia de concebir la muerte civil no solo como una sanción ejemplar sino como un instrumento de control social que debe aplicarse bajo criterios de justicia y rehabilitación.
La seguridad alimentaria de las personas privadas de la libertad en Colombia es considerada como un derecho humano y fundamental, que impone procesos y cargas en la responsabilidad directa del estado colombiano, en virtud de lo anterior, en este escrito se plantea como objetivo principal; Analizar los factores determinadores de responsabilidad del Estado en torno a la seguridad alimentaria como derecho fundamental en centros carcelario, para ello, se desarrolló desde el enfoque cualitativo, descriptivo, y la aplicación metodológica análisis – síntesis. Como resultado se estableció que; el Estado colombiano a pesar de que destina recursos para garantizar que esta población reciba los alimentos, al interior de las cárceles se está vulnerando este derecho, al no hacer entrega de alimentos suficientes, acorde a sus necesidades de salud, en condiciones higiénicas, y tampoco dispone de lugares óptimos para el almacenamiento, preparación de estos, y distribución. En este sentido se evidencia falencias en el debido cumplimiento de la responsabilidad estatal, y su relacionado incumplimiento de los fines de la pena.
En este artículo, se procura evidenciar la contradicción inherente en la doctrina para la transformación de los conflictos, lo que supone, en esencia, su propia ilegitimidad. Su objetivo principal se centra en identificar la predecisión contrametodológica que acompaña la gestión de los conflictos; para lograrlo se vale del método cualitativo «crítico-inmanente», esto es, estudia la dispersión de los datos involucrados desde la perspectiva de la raíz común que acompaña los despliegues cualitativo-interpretativos y cuantitativo-poblacionales para establecer la inaprehensión contradictoria que del objeto de estudio se efectúa en los desarrollos investigativos que sobre la temática, presupone, elaborarse. La paradoja misma, invisible ciertamente para aquellos que suponen investigar el conflicto, encuentra su más crudo despliegue en la sustitución que del objeto de estudio se realiza, pues, no es éste aquel sobre el cual se ejecuta el cuestionamiento mismo, puesto que, su lugar es precedido por una certitud, una creencia infundada, quedando siempre intocado, lo que implica que la naturaleza fenoménica del conflicto se encuentra inalterada, entretanto se certifica, una y otra vez, el dogma de su transformación sin, ni siquiera, superar la simple enunciación, lo que resulta en la aprehensión, a-metodológica, no del objeto mismo, al contrario, de premisas que, apodícticas en sí, no contienen un sustento genuino y que resuenan, en definitiva, por presentarse como sucedáneos que, suponiendo la insuficiencia del lenguaje jurídico-constitutivo, constantemente ratifican su trascendencia, sin lograr, en caso alguno, el cometido esencial por el cual éstos mismos quedan justificados.
Este artículo presenta un análisis comparativo exhaustivo sobre la representación y representatividad sindical entre Colombia y Venezuela, mediante la revisión sistemática de sus marcos normativos constitucionales, legislación laboral específica (Código Sustantivo del Trabajo colombiano y LOTTT venezolana), jurisprudencia constitucional y convenios internacionales de la OIT ratificados por ambas naciones. La investigación emplea metodología cualitativa con enfoque hermenéutico-interpretativo, análisis documental comparativo, triangulación de fuentes normativas y contrastación sistemática de disposiciones legales actualizadas hasta 2024. Los hallazgos revelan similitudes estructurales fundamentales derivadas de la aplicación de lineamientos OIT, evidenciando reconocimiento constitucional de derechos sindicales y organizaciones jerárquicas idénticas. La representatividad presenta modelos antagónicos: Colombia adopta multirepresentatividad permitiendo coexistencia sindical múltiple, mientras Venezuela implementa representatividad única mediante referéndum intersindical supervisado estatalmente. Las conclusiones demuestran que ambos sistemas políticos han instrumentalizado marcos legales aparentemente protectores para limitar la vida sindical real mediante severa intervención estatal: Colombia a través de violencia sistemática, fragmentación y requisitos restrictivos; Venezuela mediante control político directo con “sindicatos bolivarianos” y eliminación de representación independiente. Esta paradoja evidencia una crisis estructural de representatividad caracterizada por politización excesiva, deterioro de conquistas históricas y subordinación de intereses laborales a conveniencias gubernamentales, sin generar mejoras internas en las organizaciones sindicales.
