This article analyzes the historical construction of parity democracy in Mexico from a political science and feminist neo-institutionalist perspective. It argues that parity is neither a linear nor an exclusively legal outcome, but rather the contingent product of the interaction among strategic feminist action, democratic transition, and the transnationalization of gender and human rights norms. Through a long-term historical reconstruction, it examines the trajectory from suffrage to quotas, from strategic litigation to the constitutionalization of parity, and subsequently to the expansion of the principle of “Parity in Everything.” The argument distinguishes two dimensions of parity democracy: women’s descriptive representation and the institutional capacity to translate it into substantive representation, public policies, budgets, and accountability mechanisms oriented toward equality. The article shows that cross-party coordination, the autonomy of electoral institutions, and the incorporation of international law produced a cumulative trajectory of institutional change. Nevertheless, since 2018 a decoupling has become apparent between the continuity of numerical representation and the weakening of mechanisms for mainstreaming a gender perspective. For this reason, parity democracy should be assessed both in terms of women’s access to power and in terms of its capacity to transform gender relations, sustain an egalitarian institutional framework, and guarantee the effective exercise of women’s rights.
Es una reseña de la obra “Problemáticas internacionales y globales desde la perspectiva del pensamiento latinoamericano”.
El artículo examina la relación entre el control de drogas y el capitalismo global desde la época colonial, empleando un enfoque histórico-estructural y datos de panel (2013-2022). Analiza los ciclos de acumulación del narcocapital, marcados por desigualdad, criminalización del narcoproletariado e impunidad de la narcoburguesía. Identifica como factores clave de la violencia en América Latina las redes narcofinancieras, la militarización de la seguridad interna y la perpetuación de la desigualdad. Aunque enfrenta limitaciones por datos incompletos en algunos países, aporta un análisis robusto sobre el impacto del narcocapital en las formas del Estado y la democracia. Revisa alternativas críticas a la guerra contra las drogas, como la “Paz Total” en Colombia, la legalización del cannabis en Uruguay y la revalorización comunitaria de la coca en Bolivia. El examen concluye que reducir la violencia requiere desmantelar las redes narcofinancieras, transformar estructuras socioeconómicas y priorizar la igualdad como base para reforzar la democracia y construir una convivencia social más justa.
El objetivo del artículo es aportar elementos al debate sobre el gobierno de la universidad pública autónoma a partir de la siguiente pregunta ¿Son compatibles las concepciones de gobierno unipersonal y gobierno colegiado de la universidad desde el pluralismo académico como representación de los órganos de decisión colegiada, que alude a un valor de legitimidad? La concepción pluralista funda su legitimidad desde la representación de la pluralidad académica y social en los órganos de gobierno universitario autónomo. De ahí que la adopción de decisiones da cuenta de la racionalidad legalista y efectiva sobre los asuntos o temas que se presentan para su deliberación decisión y acuerdo. Los problemas de gobierno de las universidades requieren que sean abordados desde la estructura pluralista, condición de legitimidad y consenso del Gobierno de las Universidades y el proceso de la gobernanza colegiada. Ambos elementos configuran los mecanismos institucionales y las capacidades del personal directivo en el manejo de los conflictos, negociaciones y acuerdos en la solución de los problemas con base en sus propias premisas de funcionamiento, reglas, racionalidad y lógica de análisis de las proposiciones de la hipótesis que establecen demostrar que, a mayor organización colegiada plural, mayor gobernabilidad de las universidades. Así el método histórico empírico aplicado, no solo considera las reglas legítimas y legales de decisión, sino también permite observar los principios del ambiente académico y la interdependencia de las dinámicas de representación colegiada como códigos prácticos de adopción de decisiones democráticas en la Universidad.
Este artículo ofrece una revisión de cómo se construye y ha evolucionado la democracia paritaria en México. El análisis se hace a través del comportamiento de tres variables clave: acciones feministas estratégicas, transición democrática y transnacionalización de las normas. El artículo concluye que, si bien México permanece a nivel mundial entre los países con mayor representación de mujeres en la esfera política, a partir del cambio de régimen político que ocurre desde 2018, se manifiestan discontinuidades y cambios que es necesario analizar para mejorar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres mexicanas.
El objetivo de la investigación es exponer los elementos contextuales y particulares asociados al acceso a la justicia en los casos de desaparición forzada durante la guerra sucia en México. Para lograrlo se realizó un rastreo de procesos. El estudio reveló que los elementos contextuales relacionados al resultado de interés fueron las demandas de la sociedad civil, la visibilidad mediática, la presión y el derecho internacional, así como la influencia y recursos de los jugadores de veto. Por otro lado, los elementos particulares asociados al acceso a la justicia fueron la participación de las víctimas en la investigación, el apoyo que reciben de las estructuras de soporte, la diligencia en la investigación judicial, la intervención de otras entidades de gobierno en los casos, el liderazgo judicial y la debilidad de los jugadores de veto. La investigación es relevante porque ofrece una respuesta sobre los elementos asociados al acceso a la justicia en un contexto de violencia e impunidad generalizada.
Explicar y comprender la violencia continúa siendo uno de los grandes desafíos de las ciencias sociales contemporáneas. Su persistencia, sus mutaciones y la diversidad de sus manifestaciones obligan a interrogar las circunstancias en las que emerge y las relaciones sociales, culturales, políticas e institucionales dentro de las cuales adquiere sentido, se reproduce y transforma sus modalidades de expresión. La violencia no constituye un fenómeno homogéneo ni admite explicaciones lineales: puede desplegarse como fuerza física, coerción institucional, mecanismo de dominación, estrategia política o expresión de relaciones estructurales de desigualdad; puede irrumpir como ruptura del orden existente, pero también insertarse en los procesos mediante los cuales ese mismo orden es producido, preservado y reorganizado. De allí que su análisis requiera atender simultáneamente a sus dimensiones sociohistóricas, así como a las configuraciones específicas de poder en las que se encuentra inscrita.
Lavalle Torres, Cecilia y Teresa Hevia Rocha (2024) El deber de la memoria: Del derecho al voto a la paridad en todo. Editorial Página Seis
Este trabajo examina las teorías de René Girard y Fustel de Coulanges sobre las religiones sacrificiales y las religiones políticas, estableciendo una comparación entre las sociedades arcaicas sacrificiales y los regímenes totalitarios modernos. La hipótesis principal es que la religión, entendida como principio central en las sociedades antiguas, también se manifiesta en los sistemas totalitarios contemporáneos, actuando como un mecanismo de control social que define y legitima las instituciones y las conductas aceptables. A través del análisis de las obras de Girard y Coulanges, se exploran las similitudes entre los mecanismos sacrificiales arcaicos y la violencia política en los regímenes totalitarios, destacando cómo la religión y la política se entrelazan profundamente en ambos contextos. Se concluye que, aunque los totalitarismos modernos no replican exactamente las religiones arcaicas, utilizan mecanismos similares de violencia y sacrificio para mantener el orden social y político.
El concepto de “banalidad del mal” de Hanna Arendt constituye, per se, una banalización del Holocausto, no solo porque subestimó el papel de uno de los principales artífices de la “solución final”, Otto Adolf Eichmann, sino porque fue funcional al argumento arquetípico utilizado por los nazis, de que nadie fue responsable del genocidio. Se plantea que otra forma de “banalidad del mal” es la fragmentación del nazismo en distintas expresiones -algunas de ellas caracterizadas “por fuera” de la ideología racista y del genocidio- como el naturalismo, el paisajismo y la agricultura biodinámica. El naturalismo nazi fue copartícipe del genocidio: (a) porque justificó y alimentó el “conflicto de razas” a partir de su marco teórico-ideológico (e.g., el darwinismo social), y (b) porque el “ala verde del partido nazi” fue tan brutal en su antisemitismo como los exponentes más sanguinarios de las SS. Lo mismo cabe para agricultura basada en la mística Sangre y Suelo y la planificación del paisaje para “re-germanizar” los territorios del Este ocupados durante la guerra, escenarios de fusilamientos masivos de sus residentes, mayoritariamente judíos, declarados “sin raíces”.
Este trabajo plantea que la masificación de desapariciones en México registrada a partir de 2007 deriva parcialmente de la instauración del neoliberalismo como régimen disciplinario, mediante la privatización de la violencia de Estado, cuyo antecedente es la guerra de baja intensidad contra grupos armados y activistas sociales en Chiapas y Guerrero entre 1990 y 2006. A través de un análisis documental y la contextualización de casos de la década de 1990 registrados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se plantea que su ausencia en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas responde a una lógica neoliberal de ocultamiento sociopolítico. Ante ello se plantean posibles líneas de un programa de investigación sobre estrategias represivas a partir de los años 1990.
Ante los grandes desafíos humanos de nuestros días es necesario redimensionar las virtudes de la cooperación. Así pues, el objetivo es explorar los fundamentos de filosofía política que soportan la cooperación humana. Entonces, mediante la deducción teórica derivada de la revisión de trabajos teórico-filosóficos sobre cooperación humana, se encontró que ésta cuenta con bases epistémicas como la analógica antropológica, el interaccionismo y la racionalidad limitada, la función transformadora y pedagógica del conocimiento científico y filosófico a partir de la búsqueda del bien común; así como grandes motivaciones que mueven hacia la cooperación tales como la búsqueda de la paz y el mejoramiento de las condiciones de vida. Asimismo, el método analéctico como concreción de la filosofía de la liberación, permite una mejor comprensión de las realidades internacionales, y al mismo tiempo la posibilidad de alcanzar un mundo más colaborativo, resaltando elementos categoriales centrales como la distinción, la revelación, el diálogo, la semejanza y la proporción.
El Índice Global de Paz (IGP) es un indicador ampliamente utilizado como referencia del nivel de paz y la ausencia de violencia en un país. Sin embargo, sus componentes se enfocan principalmente en el registro de conflictos bélicos y hechos violentos. Por ello, este estudio cuestiona la validez del IGP al pretender medir la paz en función de la ausencia de guerra y conflictos graves. Para este fin, se construyó el Índice de Riesgos de Violencia Social (IRVS) mediante la metodología de componentes principales y posteriormente los valores obtenidos se correlacionaron con los del IGP. El resultado es una ligera relación negativa entre ambos índices, lo cual señala que la medición hace referencia a procesos que se comportan de manera independiente. A partir de estos resultados se discute el sesgo que puede existir en las mediciones de paz y violencia como consecuencia de la forma en que se construyan conceptualmente.
Este artículo analiza la fajina, una práctica carcelaria cotidiana que implica la limpieza de las áreas comunes del penal y es ejecutada mediante una exigente técnica corporal conocida como “patitos y carritos”. Se trata de un violento rito de paso y degradación para los recién llegados gestionado por el autogobierno de los prisioneros, con la venia de las autoridades. En sentido estricto, la fajina tiene dos salidas: una tradicional, que fortalece al interno como una figura masculina resistente; y otra extorsiva, el novicio puede eludir las humillaciones a cambio de pagos económicos. Esta dinámica reproduce en cierto sentido la desigualdad social de nuestro país: ya que permite a las personas con mayores recursos evadir los castigos y la violencia. Aunque aparentemente simple, la fajina articula las prácticas rituales con la economía ilegal de la extorsión. Evidencia así, las relaciones entre estructuras más amplias de gestión de la ilegalidad y algunas formas autoritarias del orden.
This article examines the heterarchical structures shaping Brazil's anti-monopoly network, focusing on interactions among regulatory agencies, technocratic elites, international organizations, and private actors. Drawing on critical political economy and the concept of heterarchy (Cerny), the analysis shows how regulatory authority is distributed across overlapping national and transnational nodes, producing fragmented forms of state power. Based on documentary analysis and secondary sources, the study demonstrates that Brazil's competition regime combines formal institutional autonomy with deep embeddedness in global governance networks, particularly those linked to the OECD and international competition forums. This configuration promotes regulatory convergence while constraining democratic accountability and the state's developmental capacity. The article argues that anti-monopoly institutions operate less as mechanisms to curb economic concentration than as devices stabilizing the neoliberal order, reinforcing elite influence through technocratic expertise and revolving-door dynamics.
This article offers a critical reassessment of Robert Cox's concept of the internationalization of the state. It argues that the concept is marked by three main limitations: a unilateral understanding of internationalization as an externally driven process; an idealist bias that overemphasizes ideas and consensus while downplaying economic and political-military coercion; and an instrumentalist view of the state combined with a sociological, factionalist interpretation of social processes. Engaging with Marxist debates on the state and the world market -drawing on Poulantzas, Hirsch, Burnham, and von Braunm & uuml;hl- the article advances a conceptual reconstruction grounded in the primacy of the world market and the structural contradiction between globally organized capital accumulation and nationally territorialized states. From this standpoint, state internationalization is conceived as an objective, contradictory, and non-linear process shaped by intertwined dy namics of internalization and externalization of political guidelines, mediated by class struggle and intercapitalist competition rather than by deliberate consensus alone.
This article analyzes a set of reforms to United States antitrust laws and their effects on the functioning of digital platform markets. Due to their position as central intermediaries, companies such as Facebook and Google operate as gatekeepers to a wide range of digital markets. This unilateral and often arbitrary control enables them to charge supra-competitive fees, impose abusive contractual terms, and extract highly valuable data from users and firms that depend on their services. From the perspective of contemporary antitrust doctrine, the unlawful conduct attributed to these platforms can be classified into four main practices: 1) anticompetitive mergers and acquisitions; 2) refusals to deal with actual or potential competitors; 3) anticompetitive product and service design; and 4) the imposition of exclusive dealing arrangements. These practices predate the commercial activities of the digital technology industry, resulting in a mismatch between existing legal frameworks and the specific dynamics of digital markets. As a consequence, prior jurisprudence has hindered the effective enforcement of competition law, as available precedents fail to account for the structural and functional specificities of the technology sector. In this context, the article examines how recent reforms to the antitrust legal framework seek to address these limitations and promote competition in digital markets.
This article examines the power relations shaping Mexico's antitrust network from a critical political economy perspective. Drawing on Cerny's concept of heterarchy, it analyzes how autonomous regulatory agencies, think tanks, international organizations, technocratic elites, and private corporations form a multilevel network that governs competition policy beyond the state. The article engages debates on global governance, neoliberalism, and regulation, and contrasts key neoliberal schools to show how the competition discourse is legitimized while high levels of economic concentration persist. Through the analysis of emblematic cases in the financial, energy, food, and telecommunications sectors, it is argued that antitrust agencies have been more effective in constraining state intervention than in curbing private monopolistic practices. The article concludes that competition policy in Mexico has contributed to state fragmentation and the consolidation of a heterarchical regulatory structure that privileges corporate interests and undermines the state's developmental capacity.
Anti-corruption prosecutors occupy a strategic position within the architecture of the democratic rule of law, as they articulate mechanisms of accountability and power control. Yet in Latin America these institutions have operated in contexts shaped by politicization, institutional weakness, and authoritarian practices. Drawing on comparative institutionalism and engaging with scholarship on horizontal accountability and separation of powers, this article examines the conditions enabling effective corruption prosecution beyond the formal political independence of prosecutors' offices. Through a comparative analysis of two Odebrecht-related cases in Peru and Mexico, the study demonstrates that prosecutorial performance critically depends on the activation of inter-institutional checks, particularly independent judicial review and the role of state-level attorney general offices. The findings show that, in the absence of robust horizontal control systems, anti-corruption agencies may become selective instruments of power, thereby undermining their democratizing potential.
