En un escenario global de “permacrisis” (económicas, climática, sanitaria, energética…) la transición ecológica hacia un modelo de desarrollo sostenible se ha convertido en una cuestión central para las políticas internacionales y supranacionales y, en consecuencia, también para las políticas y economías nacionales. Esta transición ecológica tiene (y está teniendo ya) impactos sociales significativos y desiguales que deben ser gestionados de la manera más justa posible, particularmente, en términos de empleo. Aparece así la transición justa como concepto de referencia para situar la justicia social en el centro de las transiciones ecológicas que tiene su manifestación más relevante en el empleo verde como instrumento para superar los desafíos que la transición hacia la economía verde supone para las políticas nacionales del mercado de trabajo.
Este estudio examina las consecuencias de la decisión judicial de denegar el exequatur a un divorcio tramitado sin intervención judicial en el Sáhara Occidental. La pareja contrajo matrimonio según el rito que usan las tribus en esa zona, de forma verbal. Posteriormente, el matrimonio se rompe y deciden divorciarse en Esmara. La esposa solicita en Novelda, Alicante, el exequatur de ese divorcio. Con estos datos, el reto para el internacional privatista está servido. Se analizará la legislación aplicable, la rigidez de las normas procesales españolas y la laguna axiológica que plantea.
El ejercicio de una acción individual resarcitoria puede ser poco eficaz en determinados escenarios, como en el caso de daños masivos y dispersos derivados de una misma conducta. Para hacer frente a sus limitaciones se están articulando distintas soluciones en la práctica, tanto de naturaleza procesal como sustantiva. El objetivo del presente trabajo es el examen de una de estas soluciones: la cesión contractual de derechos de indemnización a un demandante profesional o vehículo de litigación, evaluando su admisibilidad e implementación en el marco europeo, así como el papel que desempeña o podría desempeñar en el futuro para resolver los problemas de acceso a la justicia de las víctimas de prácticas anticompetitivas u otras conductas ilícitas.
La Unión Europea se ha visto forzada desde hace menos de una década a modular su posición de apertura hacia el libre comercio y el libre flujo de inversiones extranjeras. De forma acelerada, y contando con el Reglamento 2019/452 como pieza clave, ha elaborado un conjunto de textos que articulan una respuesta securitaria a esta compleja y polimorfa realidad. Este modelo plural se caracteriza por su dinamismo y está sometido a un proceso de ampliación y adaptación constante, con la prevista reforma del Reglamento de 2019 como uno de sus hitos.
