Las constituciones o reformas constitucionales de finales del siglo XX y principios del XXI en América Latina se estructuran alrededor de una parte dogmática amplia que introduce, por regla general, derechos subjetivos fundamentales, derechos sociales y, más recientemente, derechos ambientales. Esta expansión del constitucionalismo surge a la par de tribunales constitucionales que se han encargado de interpretar y tratar de garantizar derechos constitucionales. En el campo específico del medio ambiente, la influencia de acuerdos internacionales y la difusión de la idea de un Estado verde han ejercido una marcada influencia en el diseño de las constituciones del Sur global. Este artículo analiza el impacto que han tenido algunas decisiones de los tribunales constitucionales en la construcción de los derechos de la naturaleza. En primer lugar, se plantea la difusión del Estado verde y su implementación en las constituciones del Sur global. Luego, se explora la creación de tribunales constitucionales como canales de litigio estratégico por medios de los cuales se han planteado protecciones de alcance estructural como los derechos sociales y ambientales. Finalmente, se examina la manera en la que la jurisprudencia de los tribunales constitucionales de Ecuador, Bolivia y Colombia ha modulado y creado un lenguaje de los que para ellos significan los derechos de la naturaleza.
El artículo examina la legitimidad democrática del derecho viviente en Colombia como manifestación del activismo judicial que se presenta en gran parte del sistema judicial latinoamericano, originado ante el déficit legislativo y la débil representación política. Se propone, como tesis central, la posibilidad de ejercer control de constitucionalidad sobre las interpretaciones judiciales, para garantizar que la creación del derecho por los jueces se mantenga dentro de los límites de la voluntad democrática del constituyente primario. Desde un enfoque comparado, el trabajo deja abierta la posibilidad de pensar también en contra-remedios institucionales que eviten la concentración de poder y contribuyan a una defensa constitucional sostenible.
Este artículo propone la noción de justicia energética constitucional como herramienta analítica y normativa para orientar el control de constitucionalidad sobre decisiones del sector energético en Colombia. A partir de una distinción entre desarrollo sostenible y sostenibilidad, se argumenta que el paradigma de sostenibilidad exige integrar, en cada decisión pública, las dimensiones social, económica y ambiental. Con base en los desarrollos doctrinales del derecho de la energía y la justicia energética, se reconstruyen tres principios estructurantes –seguridad de suministro, eficiencia económica y sostenibilidad ambiental– como ejes para un constitucionalismo energético sostenible. Metodológicamente, el artículo combina un enfoque dogmático con un análisis jurisprudencial de tres decisiones paradigmáticas de la Corte Constitucional colombiana: T-761 de 2015, C-186 de 2022 y C-056 de 2021. El estudio muestra que la Corte ha incorporado fragmentos relevantes de justicia energética, pero de forma parcial y no sistemática, en sus decisiones. En respuesta, se formula un marco teórico y práctico con principios y cargas argumentativas específicas, destinado a mejorar la coherencia, equidad y sostenibilidad de las decisiones judiciales en el sector. La propuesta se inserta en el debate más amplio sobre constitucionalismo sostenible, justicia energética y transición energética justa.
El presente artículo examina el papel del derecho ambiental como elemento estructural para la realización efectiva de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) en el Perú y América Latina. Partiendo de una revisión conceptual, se analiza cómo un ambiente sano constituye una condición necesaria para el ejercicio de derechos como salud, agua, alimentación y vivienda. En un segundo momento, se incorpora el enfoque contemporáneo de la sostenibilidad y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), destacando su valor jurídico y su función como marco global para evaluar políticas públicas, identificar brechas y orientar decisiones institucionales. A través de estudios recientes y datos regionales sobre acceso al agua potable, desigualdad socioambiental y degradación ecológica, se demuestra que la vigencia real de los DESCA depende de la integridad ecosistémica y de la capacidad del Estado para adoptar medidas preventivas, garantizar participación ciudadana y asegurar justicia ambiental. El análisis comparado de tribunales constitucionales, procesos de transición socioambiental y dinámicas extractivas muestra que la sostenibilidad debe entenderse como principio articulador entre la protección ambiental y la efectividad de los desca. El artículo concluye que fortalecer el derecho ambiental es indispensable para avanzar hacia modelos de desarrollo justos, equitativos y compatibles con los límites planetarios.
