En el marco de la Agenda 2030, la Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible (CPDS) va tomando relevancia como enfoque necesario para abordar los múltiples retos propuestos. El artículo analiza las posibilidades de impulsar la CPDS desde las políticas de cooperación al desarrollo de las Comunidades Autónomas (CCAA) en España. El objetivo principal es examinar cómo estas entidades subestatales pueden contribuir a la CPDS, en un contexto en que los desafíos globales requieren enfoques integrales, multinivel y multiactor. En su vertiente teórica, el trabajo parte de la evolución del concepto de Coherencia de Políticas para el Desarrollo (CPD) hacia el de CPDS, destacando su consolidación en el ámbito institucional (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y Unión Europea, UE) y su incorporación en marcos normativos como la legislación española sobre cooperación. Se subraya que la CPDS implica no solo evitar contradicciones entre políticas, sino también integrar el enfoque de desarrollo sostenible en toda la acción gubernamental. Metodológicamente, el artículo combina una revisión documental y normativa con un análisis Delphi. En primer lugar, se examinan veintidós leyes autonómicas de cooperación y veintiséis planes directores, evaluando su tratamiento de la CPDS en tres dimensiones: compromiso político, mecanismos de gobernanza y herramientas de implementación. En segundo lugar, se aplica la metodología Delphi a un panel de veintiún personas expertas (administración, academia y ONGD), con dos rondas de consulta estructurada, para identificar consensos y divergencias sobre el papel de las CCAA en la promoción de la CPDS. La estructura del artículo incluye cinco epígrafes. El primero aborda el origen y evolución del concepto de CPDS y su institucionalización. En segundo lugar, se examina la cooperación descentralizada, con su especificidad, y atendiendo a su relación con la CPDS. El tercer epígrafe analiza el tratamiento de la CPDS en las leyes y planes de cooperación autonómicos, destacando avances desiguales y una implementación aún incipiente. En cuarto lugar, se presenta el planteamiento del estudio Delphi, y los temas identificados para su consulta (compromiso político, gobernanza, implementación y aporte específico del nivel subestatal). El quinto epígrafe sintetiza los hallazgos del Delphi, señalando la necesidad de estructuras de alto nivel, acciones concretas en políticas clave (educación, medioambiente, transición energética), y el papel palanca de la cooperación autonómica. En conclusión, el artículo identifica tanto potencialidades como obstáculos para avanzar en la CPDS desde las CCAA. Propone fortalecer estructuras, transversalizar la CPDS más allá del área de cooperación, y fomentar espacios de intercambio de buenas prácticas. Se reconoce la necesidad de ampliar el estudio a otros niveles administrativos y territorios para consolidar una agenda coherente de desarrollo sostenible.
Este artículo analiza las disputas territoriales en Asia Oriental a través del prisma de la geopolítica de la memoria, enfocándose en dos casos de estudio fundamentales: el conflicto por las islas Senkaku/Diaoyu entre Japón y China y Dokdo/Takeshima entre Japón y Corea del Sur. Se parte de la premisa de que estas disputas no pueden ser comprendidas únicamente desde una perspectiva jurídica o estratégica tradicional, ya que están profundamente arraigadas en narrativas históricas, traumas colectivos y la construcción de identidades nacionales contrapuestas. Desde un marco teórico reflectivista y de geopolítica crítica, se argumenta que el territorio en esta región funciona como un espacio simbólico donde se articulan memorias de la ocupación colonial y el imperialismo japonés. En el caso de las islas Senkaku/Diaoyu, el estudio describe cómo la reclamación china se integra en el relato del “Siglo de la Humillación” y la recuperación de la soberanía nacional, mientras que Japón defiende una legalidad basada en la incorporación de 1895. Respecto a Dokdo/Takeshima, el control surcoreano se presenta como un acto de justicia histórica frente a la subyugación colonial, convirtiendo al archipiélago en un símbolo de resistencia. La investigación sostiene la hipótesis de que la ausencia de mecanismos efectivos de justicia transicional en la región ha exacerbado el componente emocional de los conflictos, dificultando su resolución diplomática. A diferencia del modelo europeo de reconciliación franco-alemán, en Asia Oriental persiste un «círculo vicioso de la memoria» alimentado por el revisionismo histórico, la politización de los libros de texto y la falta de consenso sobre las atrocidades del pasado, como el sistema de “mujeres de consuelo”. Finalmente, el artículo concluye que la estabilidad regional depende de la capacidad de los Estados para trascender la instrumentalización nacionalista de la historia. Se propone que la implementación de estrategias de reconocimiento mutuo y reparación simbólica es esencial para desactivar la carga emocional de las disputas y transformar las fronteras simbólicas en espacios de cooperación.
Este artículo analiza la reconfiguración del imaginario sociotécnico de la sociedad tunecina a través de un estudio comparado del discurso en las constituciones de 2014 y 2022. Desde la denominada Primavera Árabe, Túnez ha sido considerado un caso clave para el análisis de los procesos de cambio político en el norte de África. Sin embargo, la promulgación de la Constitución de 2022, en un contexto de creciente concentración de poder presidencial, ha reabierto el debate sobre la trayectoria del orden político postrevolucionario. En este contexto, el objetivo del artículo es examinar cómo los textos constitucionales articulan diferentes visiones de orden político, social y tecnopolítico, y qué implicaciones tienen estas narrativas para la proyección internacional del Estado tunecino. El trabajo se apoya en el concepto de imaginarios sociotécnicos desarrollado en los Estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS), que permite analizar cómo determinados discursos institucionales condensan visiones colectivas sobre futuros deseables y sobre las formas de organización social y política. Este marco teórico se pone en diálogo con enfoques constructivistas y postestructuralistas de las Relaciones Internacionales, que conciben el discurso como una práctica productiva capaz de configurar identidades, intereses y orientaciones de política exterior. Metodológicamente, el artículo adopta un enfoque cualitativo basado en el análisis comparado del discurso constitucional. El estudio examina los preámbulos y una selección de categorías temáticas relevantes en ambos textos constitucionales —relacionadas con identidad, relaciones internacionales, desarrollo sostenible, innovación, juventud, representtividad y participación política— con el objetivo de identificar continuidades y rupturas en la articulación discursiva del proyecto de estado y sociedad. El artículo se estructura en cuatro partes. En primer lugar, se presenta el marco teórico que conecta los imaginarios sociotécnicos con los debates críticos en Relaciones Internacionales. En segundo lugar, se describe la estrategia metodológica y el corpus analizado. En tercer lugar, se desarrolla el análisis comparado del discurso constitucional. Finalmente, se discuten los resultados y sus implicaciones para comprender la evolución del orden político tunecino y su inserción en el sistema internacional.
Este artículo analiza la Ley Magnitsky y su expansión internacional como un instrumento jurídico-político de sanciones selectivas dirigidas contra individuos responsables de violaciones graves de derechos humanos y corrupción, con el objetivo de determinar si su aplicación constituye una violación de la soberanía estatal o, por el contrario, un mecanismo legítimo de responsabilidad internacional individual. La hipótesis central sostiene que estas sanciones no vulneran la soberanía en sentido estricto, pues afectan a personas concretas y no a estados, aunque generan tensiones con el paradigma clásico por su carácter unilateral, la ausencia de aval del Consejo de Seguridad y el riesgo de instrumentalización política. El enfoque metodológico es cualitativo, analítico y normativo, basado en la revisión crítica de doctrina, normas y resoluciones internacionales, así como en el examen comparado de experiencias estatales y regionales. El marco teórico estudia la soberanía desde su formulación westfaliana hasta las transformaciones contemporáneas que introducen la noción de soberanía como responsabilidad y los límites derivados de los derechos humanos. El artículo se organiza en seis secciones: la introducción plantea problema, hipótesis y relevancia; la segunda sección desarrolla el marco conceptual en tres apartados (soberanía clásica, transformaciones contemporáneas y derechos humanos como límite); la tercera examina la Ley Magnitsky y sus implicaciones jurídicas en cuanto a origen, naturaleza y compatibilidad con el Derecho Internacional; la cuarta ofrece estudios de caso centrados en Estados Unidos y Rusia, la Unión Europea y América Latina (con especial atención a Venezuela, Nicaragua y otros casos latinoamericanos); la quinta presenta un debate crítico entre los argumentos que consideran estas sanciones una violación de la soberanía y aquellos que las entienden como manifestación de la responsabilidad internacional individual; finalmente, la sexta sección formula conclusiones sobre el impacto normativo y político de este modelo de sanciones, subrayando que, aunque sus efectos prácticos sobre los regímenes sancionados son limitados, su valor simbólico y diplomático es significativo al consolidar la transición hacia un orden internacional en el que la soberanía se entiende como un poder condicionado por el respeto a la dignidad humana.
This article analyses the case of Ras al-Hikma project as part of Egypt’s subordinate integration into the regional economic system around the Gulf Cooperation Council (GCC) states, particularly the United Arab Emirates, in a context of global financialization and post-Arab Spring geopolitical realignment. Through this project, the greatest foreign direct investment (FDI) disbursement in Egyptian history, the Egyptian government, in February 2024, agreed on ceding the Ras al-Hikma city development project in the northern Egyptian coast to the Abu Dhabi Sovereign holding ADQ for thirty-five billion dollars, meaning that they would plan, build and develop a new ‘fourth generation’ Egyptian city, focused on real estate and luxury tourism, with the Egyptian state only receiving 35% of the revenues. The study includes a section outlining the objectives of the research, the hypothesis to be assessed, and the theoretical framework and research methodology followed. After that, the second section starts with an analysis of Egyptian political economy to contextualise the relevance and structures affecting the case study. In that section, the role of Gulf capital is explored, together with the trends experienced in debt and FDI under Sisi’s regime. Following that, the case study of Ras al-Hikma project is studied in three different sections including a first exposition of the case, an analysis of the developmental goals and consequences and an examination of financialization and foreign capital in this case. At the end, the conclusions summarize the main findings of the research. Analysing Egypt-UAE relations, it is intended to study current capital flows and new structures of power in the context of globalisation, regional integration and the crisis of capital accumulation. This article argues that Ras al-Hikma embodies a turning point in Egypt’s dependency track, where foreign FDI from Gulf actors, especially the UAE, consolidates a spatially embedded form of domination. Unlike previous cycles of debt-driven dependency, this model operates through the privatization of land, real estate speculation, and megaprojects promoted under military-led developmentalism. In this research, a political economy approach is followed, considering a renewed dependency approach mainly from Adam Hanieh, Amr Adly and Roberto Roccu, together with a critical geography perspective. In this sense, the article focuses on the causes and consequences of Egypt's role in the expansion of Gulf capital and the implications for the Egyptian population of growing dependence on FDI, which represents an even greater loss of sovereignty than indebtedness. Considering Egypt’s politico-economic trajectory, its integration in the international economic order and the development of dependency on debt and FDI, a framework for analysing the reasons and implications for the biggest FDI influx in Egyptian history is constructed. Liberalization started in the 1970s and deepened in the 1990s, with the first IMF-led structural adjustment plan integrating the Egyptian economy as a subordinate actor in the international division of labour, leading to increasing dependency on debt, successive devaluation of the Egyptian pound, deregulation in all matters and increasing inequality and poverty rates, among others. Inside this trajectory, Sisi’s regime initiated a reintegration into the global economy (after the economic crisis following the 2011 revolution and instability) through greater indebtedness, mainly through the IMF, conditional on severe austerity measures implemented with harsh repression and a turn in public discourse towards developmentalism. In this context, FDI has become increasingly necessary to sustain the current dependent economic model and alleviate temporary macroeconomic distress. As a consequence, the Emirati investment in Ras al-Hikma exposes Sisi’s current regime as a necessary mediator to implement the mandates of international capital, with an expanding presence in the country. On its side, capital accumulation in the contemporary Gulf should be understood as a spatial and relational process that connects local dynamics with broader regional and global structures. Global financialization has manifested in the regional dynamics as an expansion and accumulation of Gulf financial capital towards non-Gulf Arab countries, such as Egypt. As such, the qualitative case-study approach reveals current trends in Egyptian political economy: under Sisi, not only has debt increased steadily, but FDI has also gained an increasingly important role for the Egyptian economy, acting nowadays as a complement to foreign debt. Ras al-Hikma reveals a mutation in dependency considering the role of GCC capital as a focus of accumulation, mainly in the real estate industry, through sovereign holdings investments, and its capacity to shape Egypt’s economic and urban landscape, with the subsequent value imprint and consequences for the Egyptian population in terms of local displacement, and elitist and exclusionary development model implementation. Ras al-Hikma is part of a long-standing trend in which large-scale urban development functions as tools of authoritarian consolidation and foreign capital integration, rather than inclusive developmental transformation. It is a clear case of GCC capital expansion, which seems to be aligning GCC core interests and rhetoric with those of international financial institutions, backed by a legal and repressive framework that makes it possible. Therefore, Ras al-Hikma appears as a paradigmatic case of how authoritarian regimes deploy urban megaprojects to attract foreign capital, reassert control over national territory, and consolidate regime legitimacy, while losing territorial sovereignty and being the necessary mediator for achieving the needs of transnational capital, something that is not new or specific to Egypt. The case provides a lens through which to explore the deeper transformations in Egypt’s political economy, particularly its increasing dependence on Gulf capital, its adoption of exclusionary spatial forms, and how state power and capital become fused through exceptional legal and institutional frameworks. In sum, the Ras al-Hikma project, in a context of deteriorating material conditions of the majority of the population, is a perfect reflection of how relations of production, in this case, at the regional scale, are reflected in the land, producing a new city from scratch with a top-down design, the expulsion of local population through expropriation and relocation and the future exclusion of most Egyptians to access the facilities and modes of living to be constructed. Furthermore, this case allows us to show the mutation that has occurred with regard to Egypt’s structural dependency, making debt and FDI dependency complements rather than substitutes.
