El texto analiza los cambios que la crisis climática viene generando en la doctrina del derecho económico, orientados a integrar la protección del medio ambiente como un nuevo paradigma orientador de la disciplina. Se observa una perspectiva critica que plantea transformaciones importantes en las relaciones entre derecho económico y derecho ambiental. Las instituciones del derecho económico tienden a considerarse útiles para la protección del medio ambiente. En esa perspectiva se analiza el papel que juegan los actores públicos y privados. En los primeros, se constata el regreso del Estado como un actor esencial que interviene de manera directa en la economía, orientando al mercado hacia la protección del medio ambiente. Para tal propósito, se vienen proponiendo reformas con miras a lograr que las autoridades de regulación económica integren los equilibrios medio ambientales como un nuevo mandato que determina sus actividades. La segunda parte se analiza los nuevos roles de las empresas y los mercados. Las compañías tienden a ser concebidas como nuevos actores esenciales para lograr una actividad económica sostenible. Por ello, vienen siendo vinculadas a la protección del medio ambiente a través de nuevas figuras como el compliance. Los mercados aparecen ahora como instrumentos a través de los cuales se puede implementar estrategias eficaces para atener la crisis climática. Para ello se les concibe como espacios en los que se estructura una nueva concepción de la riqueza determinada por el desempeño ambiental de las empresas. El desarrollo de esas tendencias exige una nueva imbricación entre instituciones jurídicas propias del derecho económico y el derecho ambiental.
La Ley N°21.202 y su Reglamento, dentro de otros aspectos, regulan el procedimiento para declarar a los ecosistemas que cumplan con las características de un humedal y que se emplacen total o parcialmente dentro del límite regulado por un instrumento de planificación territorial, como humedal urbano. Esta normativa establece criterios para la sustentabilidad de los humedales y criterios para su delimitación. El Ministerio del Medio Ambiente, organismo encargado de realizar las declaratorias, ha integrado estos criterios de forma desigual en los actos administrativos que definen el polígono de un humedal urbano, lo cual tiene consecuencias en la extensión del ecosistema de humedal afecta a la declaratoria. Ello ha generado un alto nivel de judicialización, contexto en que los distintos Tribunales Ambientales han generado jurisprudencia incongruente en la materia. El Segundo Tribunal Ambiental aboga por la integración de criterios de sustentabilidad y delimitación, mientras que el Tercer Tribunal Ambiental, argumenta por una primacía de los criterios de delimitación. Como hipótesis de este trabajo se plantea que es la integración de los criterios de sustentabilidad, junto con los criterios de delimitación, lo que permite definir el polígono de un humedal urbano, cumpliendo con el objeto de protección tutelado por el legislador. Para el análisis de la hipótesis planteada se realiza una descripción del marco normativo, incluyendo su historia, objeto de protección y procedimiento administrativo; doctrina asociada a los procedimientos y su naturaleza y análisis de la jurisprudencia de los Tribunales Ambientales y la Corte Suprema.
El proyecto de reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en Chile ha sido promovido bajo la premisa de que eliminar el componente político de la evaluación ambiental contribuirá a fortalecer la legitimidad, eficiencia y certeza del sistema. Este artículo cuestiona dicho supuesto y propone una lectura crítica de la idea de “despolitización”, mostrando cómo el componente político no desaparece, sino que tiende a desplazarse hacia zonas menos visibles del aparato estatal. A partir de un análisis discursivo, comparado e institucional, se argumenta que las decisiones ambientales, incluyendo aquellas sobre proyectos con impactos ambientales significativos poseen una dimensión política, y que el derecho debe hacerse cargo de esta condición. Se propone, en cambio, institucionalizar dicha dimensión bajo formas deliberativas, transparentes y sujetas a control. Finalmente, se exploran alternativas que permitan fortalecer la legitimidad del SEIA sin suprimir la cuestión “política” inherente al conflicto ambiental, entre ellas: avanzar en la autonomía efectiva del Servicio de Evaluación Ambiental y revalorizar los instrumentos de intervención administrativa existentes —planes, políticas y programas— como parámetros sustantivos orientadores de la decisión ambiental.
El presente trabajo tiene como objetivo comparar los marcos legales de semillas de Brasil y España, países con diferentes dimensiones socioeconómicas, antecedentes históricos y producción agrícola, con el fin de observar la evolución del grado de protección legislativa de las variedades locales. En concreto, se realiza una comparación entre los tratamientos dados a las semillas en ambos países, centrándose en el reconocimiento legal de las semillas locales y de las prácticas tradicionales y conocimientos asociados. Desde una perspectiva metodológica, el estudio se realiza a través de un análisis comparativo entre las legislaciones, con el fin de identificar posibles similitudes y/o diferencias en las regulaciones que se han construido a partir del proceso de industrialización y modernización biotecnológica de la agricultura.
El trabajo pretende abordar la indemnidad de la acción de daño ambiental desde una óptica jurídica-dogmática, a fin de establecer algunos márgenes propios de la institución como principio jurídico ambiental, centrado en el medio ambiente como bien jurídico apreciado y de interés público-colectivo. Para ello, se proponen tres partes en el presente trabajo. La primera consiste en descubrir algunos problemas asociados a los límites de la indemnidad de la acción de daño ambiental a partir del cuestionamiento que realizamos en algunos puntos contenidos en la jurisprudencia estudiada. Estos problemas serán expuestos en tono de interrogantes a fin de poder delinear las otras partes del trabajo. En segundo término, se analizará el fundamento de la responsabilidad ambiental y las particularidades del daño ambiental, como daño especial, proponiendo para ello, algunos caracteres propios del daño ambiental a considerar para establecer los márgenes jurídico-ambientales del principio de indemnidad. En tercer lugar, se identifican algunos límites naturales de la indemnidad como principio jurídico ambiental, de tal manera de determinar los contornos por los cuales debería operar la optimización en el control de la norma contenida en el artículo 44 de la Ley n.° 20.600, junto con las consideraciones finales expuestas en el apartado de las conclusiones.
