
Desde la primera década de los años dos mil, los Trabajos en Beneficio de la Comunidad se han consolidado como una de las principales formas de ejecución penal de las Medidas Alternativas a la prisión en España. La creación de los Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas para controlar la ejecución penal de este tipo de condenas supuso la inclusión en ellos de trabajadores sociales. El desarrollo de Talleres para cierto tipo de condenas como forma de ejecución de los Trabajos en Beneficio de la Comunidad y la participación en ellos como coordinadores de Talleres pueden interpretarse como la apertura del sistema a una nueva relación entre la intervención social y la ejecución penal. Se trata de una forma de control blando de la ejecución penal, encomendada a una multiplicidad de profesiones, entre ellas la del trabajo social. Este trabajo plantea una reflexión sobre el desarrollo de tal vinculación. Lo hace utilizando medios empíricos suficientes como para iniciar un debate interesante sobre el papel del trabajo social en la ejecución penal. Tomando la metodología del estudio de caso y analizando las distintas dimensiones de la acción, la investigación estudia en profundidad uno de estos Talleres que puede servir como un caso ejemplar aplicado mediante videoconferencias grupales. Los resultados muestran las fortalezas y debilidades de la intervención y de la inclusión de trabajadores sociales en acción, y plantean el efecto que tienen en los participantes la orientación de los Talleres hacia la responsabilización del condenado.
El Estado español cuenta con un marco normativo sólido y avanzado en materia de violencia de género desde la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género. La realidad de su implementación en la práctica, sin embargo, presenta aún desafíos importantes. En lo que respecta a la intervención psicosocial y los recorridos judiciales persisten lagunas y desajustes que dificultan que los objetivos de la ley se materialicen de forma efectiva. Partiendo de esta constatación, se exploran aquí las tensiones existentes entre el marco normativo estatal y la práctica profesional en Navarra. Para ello, se realizaron dos grupos de discusión con profesionales de perfiles diversos, asegurando la representación del conjunto de recursos especializados para víctimas de violencia de género existentes en la Comunidad Foral. En este proceso, se identificaron carencias estructurales en los recursos y servicios (listas de esperas prolongadas, limitaciones en los tiempos y contenidos de las intervenciones, etc.) que menoscaban el derecho a la atención y recuperación integral que establece la ley. También existen importantes carencias en la formación de profesionales, especialmente en el ámbito jurídico y en los servicios no especializados. Asimismo, el sistema de intervención sigue sin incorporar plenamente a la infancia y continúa dejando a los y las menores al margen. Por último, constatamos que no solo no se garantiza la recuperación integral de las mujeres y sus hijas e hijos, objetivo central de la Ley, sino que con frecuencia se generan nuevas formas de victimización.
No existe, hasta la fecha, una discusión académica científica sobre la vinculación entre servicios sociales y políticas urbanas. Esta investigación pretende indagar en la posibilidad de incluir los servicios sociales como política urbana. Para ello, se presentan los resultados de una consultada realizada a personas expertas en ambas políticas públicas, mediante un Delphi centrado en sus valoraciones desde cinco dimensiones: características compartidas, aportaciones, elementos comunes, incorporación conjunta y valoración general. Los objetivos principales son dos: conocer la percepción de las personas expertas sobre la posibilidad de incluir los servicios sociales como política urbana y recopilar las propuestas que faciliten ese horizonte. Los resultados reflejan la gran aceptación de las personas expertas a la propuesta de incorporación. Su repercusión sería positiva y de forma recíproca entre ambas políticas públicas, especialmente, los servicios sociales contribuirían a reformular el modelo de gestión urbana hacia un modelo más participativo, inclusivo y ecológico. Asimismo, la proximidad a la ciudadanía aparece como característica común del binomio. Se identifican en total veinte propuestas resaltando, por proporción, aquellas relacionadas con el enfoque inclusivo y con el grupo de gobernanza, participación ciudadana y desarrollo comunitario. En definitiva, no suponen un gran esfuerzo económico por parte de los gobiernos locales, implican voluntad política para la escucha activa de la ciudadanía y dirigirlas hacia la dimensión social.
Para mejorar el bienestar de las personas migrantes es necesario promover su adecuada integración en los países de acogida. La presente investigación pretende analizar la manera en que los motivos de migración influyen en los procesos de integración, ofreciendo un punto de referencia para el planteamiento de intervenciones con personas migrantes desde el Trabajo Social. Desde este objetivo se realizaron cuatro entrevistas en grupo, a través de una metodología cualitativa de teoría fundamentada. Los resultados obtenidos revelan que las personas migrantes por estudios experimentaron mayor facilidad de integración; las personas migrantes por crisis humanitaria les ocurre lo contrario; las personas migrantes por trabajo destacan la integración en el mercado laboral, y, las personas migrantes por razones familiares, el potencial de la familia presente en el país de acogida. Las conclusiones determinan que los motivos de migración son diferentes en la integración de migrantes en el país de acogida.