Este trabajo analiza el art. 1698 inc. 1.° del CC, y, en particular, la consideración de este como la norma de carga de la prueba aplicable a los casos concretos que requieren la aplicación de una regla de reparto de la carga de la prueba y de juicio. El estudio demuestra que el precepto en cuestión no tiene ese alcance, y que, en definitiva, es una norma en blanco. Esta únicamente podría adquirir un sentido operativo real si se integra con el efecto jurídico pedido, que es el criterio que permite singularizar en cada supuesto los tipos de hechos y la necesidad de prueba sobre los mismos, elementos imprescindibles para la aplicación del reparto de la carga de la prueba y la regla de juicio. Es decir, es la manera fiable para responder a la pregunta clave: ¿quién tiene que probar qué cosa?Establecido lo anterior, se aborda el asunto referido a la necesidad de matizar el reparto normativo de la carga de la prueba con ajustes judiciales a través de tres instrumentos específicos, que plantean la dificultad de discernir si en rigor se tratan de fenómenos que se ubican en la formación de prueba o si representan medios para modificar el reparto de la carga de prueba en casos determinados.
En el presente trabajo se analiza la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de Rancagua con fecha 24 de septiembre de 2025, en la causa rol n.° 1051- 2024, con origen en el Segundo Juzgado de Letras en lo Civil de Rancagua, referida a la determinación de la causa de pedir en una demanda ejecutiva y la prohibición de la mutatio libelli en los procedimientos civiles.
Este comentario analiza el caso de un mandatario que se vale de los términos amplios del encargo recibido para perjudicar a su mandante en su propio beneficio. En lugar de admitir que su actuar queda subsumido en la letra del contrato, la Corte Suprema recurrió a la voluntad presunta del mandante, según la cual no habría estado dispuesto a obligarse en términos tan desventajosos. Si bien se trata de un criterio que contribuye a reprimir casos frecuentes de abuso de las facultades del mandatario, el recurso a una voluntad presunta resulta demasiado difuso y supone un riesgo para la seguridad jurídica. El presente comentario propone, en su lugar, distinguir los casos en que el mandatario realiza un mal negocio dentro de los límites del encargo de aquellos en los que este instrumentaliza de mala fe el alcance de sus facultades en su propio beneficio.
Ante la pregunta sobre la obligatoriedad de los contratos en la dogmática chilena domina la comprensión de la autonomía de la voluntad como el principio fundamental de la contratación privada. Sin perjuicio de su ascendiente dogmático, este tradicional enfoque esconde tensiones metodológicas y sustantivas que, a la postre, afectan su capacidad para contribuir a la comprensión de la práctica contractual actual, en especial cuando se trata de comprender el derecho contractual mirado como un todo. Ante esta tesitura, este trabajo tiene un doble objetivo: exponer, desde una perspectiva dogmática, las tensiones que enfrenta esta construcción, y explicar la manera en la cual los compromisos metodológicos de este enfoque merecen, a lo menos, ser reconsiderados.
En este artículo propongo plantear algunos problemas relacionados con la inclusión de los productos sanitarios implantables riesgosos en el concepto de defecto bajo la Directiva 85/374, los cuales, al tener características particulares relacionadas con la interacción riesgosa, la finalidad prevista del mismo, los riesgos inherentes, los potenciales daños que podrían causar requieren una evaluación ajustada a sus particulares circunstancias. Abordo la temática desde el producto sanitario implantable riesgoso, su regulación desde la esfera administrativa y la esfera de responsabilidad civil, para, al final, analizar si estas cuestiones fueron resueltas o se mantuvieron en la nueva regulación europea sobre daños causados por productos defectuosos, Directiva EU 2024/2853 que tiene como objetivo la contribución al correcto funcionamiento del mercado interior, garantizando al mismo tiempo un elevado nivel de protección de los consumidores y otras personas físicas.
