Este artículo tiene como objetivo presentar el andamiaje jurídico que sustenta la legitimación activa (ad procesum y ad causam) para demandar ante tribunales el ejercicio de la acción por daño moral en contra de quien cause ilícitamente un ataque al o a los afectos de una persona, sin que ello represente una injerencia ilegal en la vida privada. Se entiende por afecto (sujeto) una persona física con la que se mantiene un vínculo emocional relevante. El estudio parte del análisis del derecho mexicano, de derecho comparado, las teorías de la interpretación y argumentación jurídica, incluyendo la jurisprudencia mexicana y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se concluye que los afectos constituyen bienes jurídicamente protegidos, cuya defensa puede ser ejercida directamente por quien resienta su ataque, con independencia de la voluntad del afecto, es decir, de la víctima directa.
En la ejecución del contrato electrónico con consumidores se aplican reglas especiales, tales como la entrega del bien en un plazo no mayor a 30 días, y para el caso de que el bien no sea conforme, la normativa contempla unas disposiciones especiales distintas al saneamiento por evicción reguladas en el Código Civil Español. Estamos de acuerdo con esta regulación, la cual mejora los derechos de los consumidores cuando el bien no cumple con las características del contrato o no funciona por diversos motivos, entre ellos un defecto de fábrica. En materia de contratación electrónica existen distintas formas de pago, entre las que encontramos el pago contra reembolso, el pago al contado y el pago mediante tarjeta, siendo este último medio el más utilizado por el consumidor, de ahí que la normativa actual lo regule de forma expresa. Por otro lado, cabe señalar que la anulación de una compra o un servicio realizado por medio de la tarjeta de crédito: fue creado simplemente con la finalidad de contrarrestar el uso fraudulento de este medio de pago, relativamente frecuente en la contratación electrónica. Tal y como veremos en las siguientes líneas.
This paper comparatively examines tortious liability for medical negligence in Nigeria and Mexico, as they are jurisdictional countries with contrasting legal traditions. Nigeria is a common law jurisdiction that relies heavily on judicial precedent and employs the Bolam test, Bolitho tests, and domestic cases such as Okonkwo v Medical and Dental Practitioners Disciplinary Tribunal (2001), while Mexico, on the other hand, is a civil law jurisdiction that strictly relies on codified statutes, including General Health Law (Ley General de Salud) and the Federal Civil Code. The paper identifies gaps in judicial consistency, evidentiary standards, and access to legal remedies in both countries, as they represent both the common and civil law jurisdictions. It critically appraises judicial reasoning and statutory interpretation in a bid to propose reforms. This is carried out through the corrective justice theory, the economic analysis of law theory, and the patient-centred human rights theory. Employing a doctrinal method of legal research and comparative analysis, the paper offers recommendations, including establishing specialized medical negligence tribunals for strengthening medical negligence adjudication in both jurisdictions.
La causahabiencia constituye una institución de gran complejidad dogmática dentro del derecho procesal contemporáneo. Su tratamiento tradicional, como simple consecuencia de la transmisión de derechos sustantivos, ha impedido el desarrollo de una teoría procesal autónoma. Este trabajo propone una reconstrucción sistemática desde el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, mediante el análisis de su relación con la personalidad, la personería y la legitimación procesal, así como sus efectos en la continuidad del proceso, la cosa juzgada y las cargas probatorias. Se propone una distinción conceptual entre estas categorías. En consecuencia, se revisa la figura jurídica de la causahabiencia en el momento procesal en que se haga necesario identificarla para definir tanto la personalidad como la personería y, por supuesto, la legitimación de las partes en el proceso. De no hacerlo así, es posible que sea confundida con las figuras procesales de sustitución y subrogación. Así, ante la inminente entrada en vigor en todo el país del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, resulta indispensable que sea considerada para garantizar procesos que no se vean interrumpidos por cuestiones enervantes, y sea precisa la identificación de las partes en juicio a través de la figura jurídica que les asista como personalidad. Con ello, este análisis busca que en este aspecto se garantice la tutela efectiva de los derechos sustantivos controvertidos, y así, por supuesto, se acate el debido proceso legal, conceptualizado, como es sabido, como un derecho humano.
Desde la perspectiva del deber que tienen todas las personas y el Estado mismo de respetar la propiedad privada, se analizan los casos previstos en el artículo 22 constitucional por los que una persona puede perder la propiedad de sus bienes en favor del Estado, que son el decomiso, el abandono de bienes asegurados y la extinción de dominio. Se concluye que los casos de pérdida de la propiedad privada por decomiso y por abandono de bienes asegurados no constituyen violaciones al derecho fundamental de propiedad privada. En cambio, la extinción de dominio puede ser un acto que viola gravemente el derecho de propiedad privada y que pudiera ser utilizado como un medio de amenaza en contra de los enemigos políticos o los meros disidentes del régimen, por lo que debería reformarse.
